La OIT inicia investigación que podría llevar a la dictadura a la Corte Internacional de Justicia

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha iniciado una investigación de alto nivel contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, lo que podría llevar al país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).  

El Consejo de Administración de la OIT decidió este martes establecer una Comisión de Encuesta para Nicaragua para investigar las denuncias de violaciones de derechos laborales y empresariales perpetrados por la dictadura, principalmente desde abril de 2018. 

Esta acción se produce a pesar de que Nicaragua anunció el 28 de febrero su retiro de la OIT, un proceso que tomará dos años, durante los cuales la investigación continuará su curso. 

La denuncia contra Nicaragua fue interpuesta por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), que señala al régimen de violar cuatro convenios: 

• Convenio 87 sobre la Libertad sindical y la protección del derecho de sindicación: Garantiza que los trabajadores puedan formar y unirse a sindicatos sin interferencias del gobierno. 
• Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva: Protege a los trabajadores contra represalias por su participación en actividades sindicales. 
• Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación: Busca eliminar cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en raza, color, sexo, religión, opinión política, origen social o cualquier otra condición que afecte la igualdad de oportunidades en el empleo. 
• Convenio 144 sobre la Consulta Tripartita: Obliga a los gobiernos a dialogar con trabajadores y empleadores antes de tomar decisiones que afecten el ámbito laboral. 

Los principales argumentos de la denuncia incluyen la persecución a empresarios y trabajadores que expresan opiniones contrarias al régimen Ortega - Murillo; el cierre de organizaciones empresariales y sindicales, como el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP); y la violación de convenios internacionales sobre libertad sindical, negociación colectiva y consulta tripartita. 

¿Qué es una Comisión de Encuesta de la OIT y cómo funciona? 

La Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el mecanismo de investigación más alto de este organismo para tratar violaciones graves de los convenios internacionales del trabajo. Se activa cuando un Estado miembro incumple de manera sistemática sus obligaciones y se niega a cooperar con la OIT. 

Para que se active, primero debe existir una denuncia formal donde un grupo de delegados (gobiernos, empleadores o trabajadores) presenta la denuncia alegando que un país ha violado convenios de la OIT. En el caso de Nicaragua, la parte acusadora es la Organización Internacional de Empleadores.

Luego, se debe nombrar a los expertos: El Consejo de Administración de la OIT designa una Comisión de Encuesta compuesta por expertos independientes. El presupuesto para su funcionamiento ya fue aprobado. 

A continuación arranca la etapa de investigación donde la comisión analiza pruebas, entrevista a partes involucradas y visita el país (si el gobierno lo permite). 

Por último llega el informe final donde la Comisión de Encuesta emite sus conclusiones y recomendaciones para que el país corrija las violaciones. 

Si el país no cumple, la OIT puede remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) o promover sanciones internacionales.

Y si la dictadura no colabora... 

Si el régimen de Ortega y Murillo no colabora, como se prevé, la Comisión de Encuesta seguirá su proceso de investigación que puede realizarse desde fuera. 

La comisión recopilará pruebas a distancia, entrevistará a sindicatos, empleadores, organizaciones internacionales y exiliados nicaragüenses; y analizará informes de organismos de derechos humanos y pruebas documentales. 

Si Nicaragua ignora las recomendaciones finales de la Comisión de Encuesta, la OIT puede remitir el caso a la CIJ. 

La CIJ, tribunal internacional que Ortega reconoce y al que ha recurrido en disputas contra otros países, podría emitir fallos que incrementen la presión internacional y posibles sanciones.