Sacerdotes en Nicaragua obligados a pedir permiso semanalmente a la Policía para celebrar misa

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha instaurado un control sin precedentes sobre la Iglesia en Nicaragua, obligando a los sacerdotes a presentarse cada semana ante la Policía para obtener autorización sobre sus servicios religiosos. Esta medida forma parte de una estrategia sistemática de persecución con el objetivo de someter a la Iglesia y silenciar cualquier voz disidente.

La organización Solidaridad Cristiana Mundial (CSW, por sus siglas en inglés) denunció que las restricciones impuestas a los cristianos en Nicaragua son "severas". CSW advirtió que "en Nicaragua se está obligando a los clérigos a presentarse semanalmente ante la policía y a solicitar la aprobación del contenido de sus servicios". Las procesiones y actividades públicas de la Iglesia Católica están prohibidas, mientras que dentro de los templos, todas las actividades son estrictamente vigiladas.

La represión no se limita a la Iglesia católica. Iglesias evangélicas también han sido blanco de la dictadura, con varios de sus líderes encarcelados, despojados de sus bienes, desterrados y desnacionalizados.

Desde las protestas ciudadanas de 2018, brutalmente reprimidas por la dictadura, Nicaragua se encuentra sumida en una crisis de derechos humanos que ha afectado gravemente la libertad religiosa. La Iglesia católica, por su apoyo a los manifestantes y sus críticas al régimen, ha sido objeto de constantes ataques. Muchos sacerdotes están bajo "medidas cautelares" impuestas por la dictadura y deben reportarse semanalmente ante la Policía, detallando sus actividades religiosas futuras.

222 violaciones a la libertad religiosa documentadas en 2024

El informe de CSW documenta 222 violaciones a la libertad religiosa el año pasado. Además, el cierre masivo de organizaciones sin fines de lucro ha afectado a miles de personas, muchas de ellas vinculadas a grupos religiosos. Iglesias protestantes han perdido su estatus legal, y algunas denominaciones, como la Iglesia Episcopal y la Iglesia Morava de Nicaragua, han visto sus bienes amenazados con confiscación.

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La persecución también ha alcanzado a laicos comprometidos con la labor pastoral. En 2024, al menos 46 religiosos fueron arrestados, incluyendo a Carmen María Sáenz Martínez y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, colaboradoras de la Diócesis de Matagalpa. Ambas mujeres han estado detenidas desde agosto sin que sus familias reciban información sobre su paradero.

La dictadura también desterró a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y preso político, junto con monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, obispo de Siuna. Junto a ellos fueron expulsados otros sacerdotes vinculados al gobierno eclesiástico del cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua.

Religión bajo asedio en Nicaragua

El informe de CSW advierte que la libertad de religión y creencias se ha deteriorado drásticamente en 2024, en paralelo con el ataque generalizado de la dictadura contra la sociedad civil. Los sacerdotes y laicos enfrentan monitoreo constante, vigilancia y tácticas de intimidación, extendidas a otros grupos religiosos. La estrategia de la dictadura incluye reducir la cifra de presos políticos mediante expulsiones forzadas, lo que sugiere que muchos líderes religiosos han sido arrestados únicamente para ser utilizados como moneda de cambio en negociaciones de exilio forzado.

Bajo la dictadura de Ortega y Murillo, Nicaragua ha dejado de ser un país donde se respeta la libertad religiosa, convirtiéndose en un Estado autoritario que persigue a la Iglesia y silencia cualquier oposición.