Justicia Orteguista vuelve a proteger a delegado del Mined de Matagalpa acusado de agredir a su pareja

El Tribunal de Apelaciones de Matagalpa rechazó el recurso presentado por la Fiscalía contra la sentencia que absolvió de toda responsabilidad penal a Jorge Luis Pravia González, delegado del Ministerio de Educación (Mined) en esta ciudad. 

Pravia había sido acusado por su expareja, Joseling Walkiria Paz Martínez, de 29 años, de agresión física y psicológica. Además, la habría amenazado de muerte.

El hombre es conocido por su vinculación con el partido Frente Sandinista y su participación en la represión contra opositores durante las protestas de abril de 2018. Desde el inicio del proceso judicial en su contra, el 30 de agosto de 2024, la Fiscalía solo lo acusó por violencia psicológica leve, lo que ya generó críticas sobre un posible favoritismo. 

Finalmente, el 16 de enero, la jueza María Esther Altamirano lo absolvió argumentando que las pruebas presentadas por la Fiscalía no eran suficientes y que existían dudas razonables que beneficiaban al acusado. 

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La Fiscalía apeló el fallo el 29 de enero, alegando que la jueza incurrió en "error de valoración y enunciación del contenido de la prueba evacuada en juicio". Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Matagalpa declaró sin lugar el recurso el 5 de marzo, respaldando la absolución de Pravia. 

Una relación marcada por la violencia 

Según la acusación, Pravia conoció a la víctima en 2012, cuando ella tenía 16 años y era estudiante del Instituto Eliseo Picado de Matagalpa, donde él era director. A pesar de estar casado, se involucró con la joven y mantuvieron una relación inestable hasta el 16 de agosto de 2024. 

Durante la relación, tuvieron un hijo, pero la joven denunció que sufría constantes agresiones físicas y psicológicas por parte de su pareja. La noche del 16 de agosto de 2024, según su testimonio, él intentó lanzarla desde el segundo piso de la vivienda que compartían. 

En el juicio, se presentaron videos como prueba, pero los magistrados concluyeron que en ellos no se visualizaban agresiones directas. También desestimaron la credibilidad de los testigos presenciales y señalaron que las lesiones de la víctima pudieron haber ocurrido cuando ella intentó ingresar a la vivienda al no recibir acceso. 

El fallo ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, que señalan un patrón de impunidad en casos de violencia de género cuando los acusados tienen vínculos con el oficialismo.