Plan de justicia a víctimas propuesto por Ortega “es una burla”

La dictadura orteguista develó su “plan integral de justicia, reparación y no repetición” a las víctimas de la represión proponiendo como garantes a las mismas instituciones que utilizó para reprimir, asesinar, herir y enjuiciar a manifestantes. El GIEI diseñó una propuesta, pero el régimen la ha ignorado.

La dictadura de Daniel Ortega pretende que la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de Salud, sean parte de las instituciones que ejecuten su plan integral de justicia, reparación y no repetición a las víctimas de la represión contra las manifestaciones en su contra iniciadas en abril de 2018, lo que sectores opositores consideran como una burla al pueblo de Nicaragua.

“Con el propósito de buscar la paz y la reconciliación entre los nicaragüenses se creará un Sistema Integral para el abordaje del tema de verdad, justicia, reparación y no repetición”, dice la propuesta de Ortega presentada el pasado martes a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la ahora suspendida mesa de negociación.

El régimen propone a la Comisión de la verdad, Ministerio de Salud, Instituto de Medicina Legal, Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunales de Justicia, Ministerio de la Familia, Ministerio de Gobernación, Instituto de Fomento Municipal, Defensoría Pública y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como las instituciones que deberán trabajar de manera coordinada “con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él, y contribuir a alcanzar la convivencia, reconciliación y no repetición”.

La mesa de negociación entre la dictadura y la Alianza Cívica quedó suspendida este miércoles al no alcanzar acuerdos en materia de reformas electorales y justicia para las víctimas.

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"Sobre el tema de justicia y reparación para familiares de las víctimas, lo que recibimos de parte del gobierno es una burla", aseguró Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica.

INFORME DEL GIEI “DESNUDA” INSTITUCIONES

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en diciembre pasado, describe la participación de las instituciones estatales en la represión orteguista y cómo han contribuido a la impunidad que impera desde abril de 2018.

Según el GIEI, desde abril de 2018 se practica un ejercicio ilegítimo, excesivo y arbitrario de la fuerza que ha sido ejecutado conjuntamente entre las fuerzas estatales de seguridad –particularmente la Policía Nacional-, y grupos paraestatales (grupos de choque y grupos armados con mayor poder ofensivo).

“Este proceder se inscribe, a su vez en un marco estructural complejo y de mayores dimensiones diseñado para garantizar la impunidad de delitos y proveer de recursos materiales y humanos a la avanzada estatal”, explica el informe.

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En tal diseño se encuadra el uso de otras reparticiones del aparato gubernamental, tales del Sistema Penitenciario Nacional (dependiente del Ministerio de Gobernación) y del Ministerio de Salud y el accionar afín de los otros poderes del Estado: el Poder judicial –a través de tribunales de justicia, el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal, y el Poder Legislativo, mediante la toma de decisiones legislativas sustanciales, como la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción, que incluyó una reforma a los artículos 394 y 395 del Código Penal, dictada en plena etapa de violencia y convertida en un instrumento que facilita la criminalización de opositores.

Todo ello, a su vez, se reforzó mediante la construcción de un discurso oficial estratégicamente formulado a través de las intervenciones públicas del Presidente Ortega y la mayoría de veces de la vicepresidenta Rosario Murillo.

El informe del GIEI da cuenta de la participación del Ministerio de Salud en la represión a través del préstamo de vehículos y las ambulancias para trasladar a grupos de choque y grupos paraestatales tal como se puede apreciar en numerosos videos y fotografías; o a través de la falta de o inadecuada atención médica de las víctimas de conformidad con numerosos testimonios.

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Por otra parte, se ha verificado que instituciones del Estado, como hospitales públicos y el sistema judicial, han actuado de manera consistente con la política oficial. Por un lado, varios hospitales públicos no han garantizado a manifestantes heridos el derecho a una atención médica adecuada. Por otra parte, el sistema judicial no ha efectuado investigaciones y procesos judiciales independientes y las autoridades de la Policía Nacional no han efectuado investigaciones disciplinarias para esclarecer responsabilidades por los abusos.

“En definitiva, los hechos de violencia han sido cometidos con garantía de impunidad”, indica el GIEI, que a lo largo de varios meses de trabajo recopiló numerosa y variada información que da cuenta de la existencia de severas irregularidades y denegación del servicio de atención médica estatal a las personas heridas en el marco de las protestas sociales contra el régimen de Daniel Ortega.

“Una característica que en general distingue a los procesos de violencia en los cuales el Estado comete graves violaciones a los derechos humanos es que ello se realiza con garantía de impunidad. La experiencia reciente en Nicaragua no es una excepción. La información disponible indica que ni el sistema de justicia penal, ni los mecanismos internos de la Policía Nacional han actuado debidamente frente a crímenes y abusos a todas luces evidentes”, concluye el informe.

ORTEGA IGNORA RECOMENDACIONES INTERNACIONALES

El GIEI entregó al régimen de Ortega una propuesta de Plan Integral de atención a las víctimas, además recomendó la creación de una Fiscalía Especial mediante ley para garantizar procesos creíbles y transparentes.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han hecho recomendaciones en esta materia y se han ofrecido para brindar ayuda técnica, pero Ortega se niega a implementar sus propuestas e invitarlos al país.