Dictadura ejerce violencia de género y promueve impunidad y represión en Nicaragua, revela estudio

Un reciente informe titulado “Un Estado contra las mujeres, las adolescentes y las niñas” elaborado por el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH), expone cómo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejercen violencia de género en Nicaragua, e incumple sus obligaciones internacionales en la protección de las mujeres.

El estudio concluye que el régimen sandinista fomenta la impunidad y el retroceso en derechos fundamentales, porque "las instituciones obligan a las mujeres y sus denuncias a enfrentarse a un armazón legal e institucional que es sordo, violento, retrógrada y femicida".

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A pesar del discurso oficial que presume avances en la lucha contra la violencia machista, el informe documenta que el sistema de protección para las mujeres en Nicaragua es prácticamente inexistente. La impunidad predomina, los femicidios rara vez son castigados y el Estado mantiene una postura conservadora que impide avances significativos en la prevención de la violencia.

El desmantelamiento de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer (Ley 779) es una de las principales evidencias del retroceso en la protección femenina, que derivó en la eliminación de las comisarías de la mujer y por tanto en decenas de víctimas sin acceso a la justicia, facilitando, con ello, que las agresiones queden impunes.

El informe también documenta casos de femicidios en los que el Estado ha encubierto a los responsables, como el de Dina Carrión, cuyo asesinato fue tratado como suicidio para proteger al culpable.

Indultos políticos y la perpetuación de la violencia

Otra de las denuncias del informe es la práctica de conceder indultos políticos sin evaluar el riesgo que representan los agresores liberados. Esta política ha resultado en el asesinato de decenas de mujeres en los últimos años, dejando en evidencia el desprecio de la dictadura por la vida de las víctimas.

El estudio revela que los femicidios han aumentado en brutalidad y frecuencia, ya que más de la mitad de los casos ocurren en espacios públicos, con un alto número de agresores que usan armas de fuego, químicos o sicarios. Según el estudio, esto demuestra la falta de control sobre la tenencia de armas y sustancias peligrosas, lo que evidencia una omisión estatal que facilita estos crímenes.

El informe alerta sobre la normalización de la violencia sexual, con un 83% de las víctimas menores de 17 años. La falta de políticas de prevención y la prohibición absoluta del aborto agravan la situación, obligando a niñas y adolescentes a ser madres en contextos de violencia. A pesar de los llamados de organismos internacionales para despenalizar el aborto terapéutico, el Estado mantiene su postura intransigente.

La narrativa de la impunidad

El tratamiento mediático de los femicidios en Nicaragua también es motivo de preocupación. Según el informe, los medios estatales minimizan los crímenes bajo el discurso de “crímenes pasionales” o justifican la violencia con factores como la salud mental del agresor. Esta estrategia de desinformación perpetúa la impunidad y desvía la atención de la responsabilidad estatal.

El informe concluye que la violencia de género en Nicaragua es parte de una estrategia estatal de represión y control social, agudizada por la persecución contra activistas feministas, periodistas y defensoras de derechos humanos, lo que refuerza la impunidad y pone en peligro a quienes denuncian estas violaciones.

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CALIDH hizo un llamado a la comunidad internacional para intervenir y exigir la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo medidas concretas que garanticen la protección y los derechos de las mujeres.