Nueva Ley de Contrataciones del Estado propicia actos de corrupción con el erario

La nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, aprobada el pasado 19 de febrero por los diputados en la Asamblea Nacional, promueve la corrupción las instituciones del Estado, porque les permite realizar compras sin control y sin rendir cuentas a nadie.

La antigua Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, aprobada en octubre de 2018 y derogada con la aprobación del nuevo marco jurídico, el techo de compras para licitación pública en diferentes procedimientos de contrataciones pasó de 3 a 10 millones de córdobas.

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Un experto consultado por DESPACHO 505, sobre los peligros de la nueva la nueva Ley, dijo que esta “tiene un sentido clientelar y viene a conceder premios. No abona a la eficiencia, ni a la transparencia, no abona calidad del gasto público. Viene a crear más incapacidad dentro de la función pública y viene a crear una opacidad en las compras públicas”, advierte.

Con la nueva Ley, las contrataciones menores serán aquellas cuyo monto sea menor a los 3 millones de córdobas, lo que de acuerdo con expertos en la materia, provocará que la mayoría de

“Muchas de las compras que se van a realizar, van a caber dentro de las contrataciones menores y muy pocas en los procedimientos de licitación. ¿Qué implica esto? Implica que la contratación menor es un procedimiento menos extenso, menos riguroso, es muy rápido y este se hace invitando a por lo menos tres proveedores, presentando tres ofertas”, explicó a DESPACHO 505 la fuente consultada, que posee amplia experiencia en contrataciones del Estado.

Procedimientos de compra aumentan

Con la nueva Ley, los procedimientos de compras públicas pasaron de tres a cuatro, que dejan opacidad en materia de transparencia en las denominadas licitación pública y licitación selectiva, relacionadas con las compras menores y contratación simplificada.

“Son procedimientos muy ágiles y la parte de agilidad es un elemento que le da celeridad, pero también, la competencia se concentra en pocos proveedores. En cambio, procedimientos como las licitaciones, son más abiertos, generan más competencia”, señaló el experto.

Con esta práctica, pocas adquisiciones se van a realizar por licitaciones, ya sean públicas o selectivas, siendo las licitaciones públicas las más afectadas porque ahora se desaparece la transparencia y la publicidad, así como la apertura a la libre competencia.

“Entonces, en ese sentido lo que vamos a ver es más contrataciones menores y vamos a seguir viendo contrataciones simplificada que es un procedimiento que se mantiene con la ley”, advierte.

Entes descentralizados podrán comprar sin régimen jurídico

La nueva Ley establece como materias excluidas todas aquellas entidades descentralizadas del Gobierno, como los entes autónomos, quienes a pesar de comprar con el dinero de los nicaragüenses, ahora podrán hacer compras sin necesidad de entrar a este régimen jurídico.

“Quiere decir que cada vez, más adquisiciones van a regularse de una manera más discrecional. Pasamos de tener seis materias excluidas a tener 10 materias excluidas, es decir, 10 diferentes tipos de adquisiciones que ya no van a entrar dentro del régimen de compra y ahora la Ley dice que se van a regular por procedimientos administrativos internos, pero el punto es que no va a estar dentro del Sistema de Contrataciones, que aunque sabemos que es deficitario de publicidad, transparencia, porque le hace falta mucho y aunque utiliza la plataforma del Siscae, tiene sus limitantes y ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero ciertamente da un cierto toque de publicidad y transparencia”, anotó.

Este procedimiento, podría generar actos de corrupción entre los funcionarios porque las adquisiciones se realizarán bajo procedimiento interno de las instituciones y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

“No vamos a conocer exactamente cómo se desarrollan los procedimientos de compras, ni vamos a ver los publicados en el portal de Nicaragua Compras. Entonces, esto no abona a la transparencia ni a la publicidad, por el contrario, abona a mantener un clima de opacidad”, advirtió el experto.

Presidencia se adjudica rol de supra órgano

Con la nueva Ley, la presidencia de Nicaragua ahora podrá otorgar autorizaciones para procedimientos de contrataciones porque las contrataciones de las materias excluidas no podrán entrar al régimen jurídico con proveedores extranjeros.

“La presidencia ahora tiene la potestad de decir estas se consideran materias excluidas y van a salir dentro del régimen de contrataciones. ¿Cómo se van a regular y quien va a fiscalizar esto? ¿Quién va a regular la competencia y la eficiencia de los proveedores extranjeros?”, cuestionó el experto.

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Con esta Ley, el experto observa que la presidencia de Nicaragua podría estar por encima del Sistema de Contrataciones, que a su vez está conformado por varias instituciones del sector público que conforman el Sistema de Contrataciones Administrativas del sector público y el sistema de compras, compuesto por órganos de fiscalización como el Ministerio de Hacienda y la Contraloría.