Organismo denuncia que 349 nicaragüenses han sido víctimas de la “represión migratoria” de Ortega

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado su represión migratoria contra los nicaragüenses. El Monitoreo Azul y Blanco (MAB) denunció que entre enero de 2024 y lo que va de febrero de 2025, 349 nicaragüenses han sido víctimas de la “represión migratoria” en Nicaragua.

De acuerdo con el observatorio del organismo ciudadano, las personas afectadas son aquellas que han sido consideradas o sospechosas de ser opositores al régimen y en el último año 290 connacionales ha sido desterrados y/o impedidos de ingresar al país, lo que ha sido catalogado como un destierro de facto.

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El MAB indica que del total de los afectados por esta nueva violación los derechos humanos, el 36% son hombres y el 64% son hombres. Las políticas migratorias también han afectado a 6 menores de edad, denunció el organismo.

También se contabilizan que 47 nicaragüenses fueron víctimas de retenciones o negación de salida del país. El MAB documentó 2 casos de negación de renovación de pasaportes y 2 expulsiones de extranjeros.

“La situación de los derechos humanos en Nicaragua ha experimentado un deterioro alarmante durante 2024 y 2025, caracterizado por una intensificación de la represión migratoria. El régimen de Daniel Ortega ha implementado prácticas que vulneran los derechos de los ciudadanos, incluyendo el destierro, la desnacionalización y la negación de ingreso al país, configurando un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos”, advierte la organización que documenta la represión en Nicaragua. 

Desnacionalizaciones

El Monitoreo Azul y Blanco también denunció que desde febrero de 2023 a la fecha, la dictadura ha excarcelado y desterrado a 357 nicaragüenses que se encontraban en prisión con fines políticos.

“Contra su voluntad, fueron expulsados del país, despojados de su nacionalidad y sus bienes confiscados, quedando en condición de apatridia”, se lee en el documento difundido a través de las redes sociales.

El MAB señaló que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha despojado de su nacionalidad a 451 ciudadanos nicaragüenses, de ellos, 356 estaban encarcelados arbitrariamente y fueron expulsados del país tras su excarcelación. 

La represión migratoria también alcanzó a 94 nicaragüenses que ya estaban exiliados al momento de ser desnacionalizados por la justicia sandinista. Entre las víctimas hay activistas opositores, sacerdotes, periodistas, directores de medios de comunicación, y defensores de derechos humanos.

Destierros de facto 

El documento también indica que en el último caso se han reportado numerosos casos de nicaragüenses impedidos de ingresar a su propio país, “incluso aquellos que se encontraban en el extranjero por motivos de trabajo, estudio o visitas familiares”, anotó el organismo.

La estrategia implementada por el régimen es que involucra a las líneas aerolíneas, las que, actuando bajo las órdenes de Migración y Extranjería, han notificado a los afectados sobre la prohibición de ingreso a Nicaragua, sin proporcionar explicaciones claras y sin oportunidad de réplica.

“Esta práctica ha generado una creciente diversidad en el perfil de las víctimas, afectando a personas de diferentes edades, profesiones y condiciones sociales”, observó el Monitoreo Azul y Blanco.

Los reportes del organismo indican tres picos de incidencias migratorias, siendo septiembre de 2024, el mes de mayor incidencia, cuando el régimen ejecutó el destierro de 135 presos políticos a Guatemala, quienes en días posteriores fueron desnacionalizados y sus bienes confiscados.

El segundo pico se refleja en el mes de diciembre, con 50 hechos de agresiones migratorias y en tercer pico fue en abril de 2024, cuando se documentaron 40 restricciones migratorias, entre ellas negación de salida del país, que también alcanzó a simpatizantes del régimen y a funcionarios.

Represión dirigida contra opositores

A diferencia de años anteriores, el MAB señala que la represión migratoria era dirigida principalmente contra opositores y que ahora la dictadura ha ordenado reprimir a sectores diversos como empresarios, familiares de opositores, y hasta a antiguos simpatizantes y exfuncionarios del gobierno. 

“Las prácticas de destierro y desnacionalización implementadas por el régimen de Daniel Ortega constituyen violaciones graves al derecho internacional y reflejan un patrón represivo históricamente utilizado por regímenes autoritarios para castigar la disidencia", señala el informe.

De igual manera apunta que “la apatridia no solo vulnera derechos fundamentales como el derecho a una nacionalidad y a no ser privado de ella de forma arbitraria (artículo 15 de la Declaración Universal de DD.HH.), sino que también contraviene tratados internacionales que prohíben la creación deliberada de personas apátridas, como la Convención sobre el Estatuto de los  Apátridas de 1954 y la Convención para la Reducción de los Casos de Apatridia de 1961”.

El destierro y la negación de nacionalidad ejecutados por la tiranía Ortega-Murillo ya han sido repudiadas y condenados por organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. (OACNUDH).

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“El accionar del régimen de Nicaragua representa una amenaza para la estabilidad y seguridad de la región, al consolidar un precedente peligroso de criminalización de la disidencia mediante la expulsión forzada y la negación de identidad”, concluye el informe de MAB.