Exministro de Defensa y exmilitares guatemaltecos de la década de los 80, entre los más buscados por Interpol

Los cinco militares fueron sentenciados a 58 años de cárcel, pero la justicia guatemalteca les ha permitido cumplir la condena bajo la figura de arresto domiciliario.

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Despacho 505
  • febrero 22, 2025
  • 09:06 AM

La Policía Internacional (INTERPOL) incluyó en su lista de los criminales más buscados al general Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, de 99 años, exministro de Defensa de Guatemala, junto a otros cuatro exfuncionarios del aparato militar y político guatemalteco que, a finales de la década de 1970 e inicios de los 80, participaron en crímenes políticos, desapariciones forzadas y torturas en contra de disidentes del expresidente Fernando Romeo Lucas, quien gobernó el país centroamericano entre 1978 y 1982.

Entre sus víctimas se encuentran cuatro misioneros de Bélgica, quienes llegaron a Guatemala para brindar sus servicios pastorales, incluyendo al sacerdote Walter Voordeckers, quien fue asesinado el 12 de mayo de 1980, a sus 41 años, por dar a conocer la realidad que vivía Guatemala y defender en sus prédicas a los pobres, campesinos y obreros.

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Los otros tres misioneros católicos que fueron víctimas de los crímenes perpetrados por el aparato represor del expresidente Romeo Lucas están: Ward Capiau, asesinado el 22 de octubre de 1981; Serge Berten, de quien nunca se supo su paradero desde el 19 de enero de 1982, cuando fue secuestrado; y el agente pastoral Paul Schildermans, quien sobrevivió a las torturas a las que fue sometido en 1982.

Guevara aparece en la lista roja de la Interpol junto con el general Donaldo Álvarez Ruiz, de 93 años, exministro del Interior; Pedro García Arredondo, de 80, exjefe de inteligencia de la Policía; Manuel Antonio Callejas, de 86, exjefe de la sección de inteligencia militar; y Manuel Benedicto Lucas García, de 92, exjefe del Estado Mayor del Ejército y hermano del expresidente Romeo Lucas.

El 14 de diciembre de 2023, los cinco militares fueron sentenciados por un tribunal de Bélgica a cadena perpetua por el asesinato, tortura y desaparición de los cuatro misioneros belgas, y, a la vez, se ordenó su detención inmediata.

Diez meses después de la sentencia, la organización Guatebelga, surgida en el 2001 para promover los derechos humanos, emprendió acciones legales y apoyó los procesos jurídicos contra los exfuncionarios involucrados en el asesinato del sacerdote Voordeckers y del misionero Capiau; así como por la desaparición del seminarista Berten y el secuestro y tortura de Schildermans.

Condenados con arrestos domiciliarios

La oenegé solicitó a Guatemala la extradición a Bélgica de los cinco militares en retiro, en una conferencia de prensa el 24 de septiembre de 2024, en la que Stephan Parmentier, miembro de la organización, detalló que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, les manifestó que "comparte el sentido de justicia de la misión".

Meses después, la gestión de la organización rindió frutos, ya que la Interpol incluyó en su lista de los criminales más buscados del mundo a los cinco militares.

En Guatemala, también han sido juzgados por genocidio, desaparición forzada y violación de derechos humanos. En uno de los juicios que culminó en noviembre del año pasado, la Fiscalía solicitó una pena de 30 años de cárcel para el general en retiro Lucas García por los genocidios perpetrados en varias comunidades indígenas durante el conflicto armado, que dejó miles de fallecidos y desaparecidos en el país centroamericano.

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El exjefe del Estado Mayor del Ejército, Lucas García, también fue procesado entre 2017 y 2018 junto con Callejas por la desaparición del adolescente Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, y por violación y delitos de lesa humanidad en perjuicio de su hermana Emma Molina Theissen.

El adolescente fue secuestrtado el 6 de diciembre de 1981, por un comando militar, y desde esa fecha nunca se supo de su paradero.

Tras ser encontrados culpables, fueron sentenciados a 58 años de cárcel, pero la justicia les ha permitido cumplir la condena bajo la figura de arresto domiciliario, según publicaciones de medios locales.

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