Policía y Ejército podrán comprar sin control y se dará carta blanca para el uso de `caja chica´ en el Estado

El dictador Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional una nueva iniciativa de “Ley de contrataciones administrativas del Estado” en la que da carta blanca para el uso sin control de la `caja chica´ en la Presidencia, instituciones y universidades públicas, alcaldías y entes autónomos.  

La Policía y el Ejército, antes obligadas por ley a rendir cuentas sobre sus contrataciones y compras a través de procesos de licitación o contratación simplificada, ahora estarán exentos de la aplicación de la Ley.  Es decir, estarán fuera de la fiscalización y control del uso que hacen del dinero recibido del Presupuesto General de la República.

El artículo 4 de la nueva ley, que será aprobada por la Asamblea Nacional, establece que:  

“La adquisición de bienes, medios y quipos destinados exclusivamente para salvaguardar la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la integridad territorial, la paz, la seguridad, la defensa nacional, seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden interno”, serán materia excluida de la aplicación de la ley.

Se exceptúan las adquisiciones para avituallamiento (abastecimiento, víveres, provisiones) de la Policía, el Ejército y el Ministerio del Interior “siempre que se realice en estado de paz”. 

El uso de las cajas chicas en el Estado 

Las compras realizadas con fondos de caja chica, según las normas de ejecución presupuestaria de la dictadas por el Ministerio de Hacienda, también estarán exentas de la aplicación de la ley. 

En la ley actual, las instituciones del Estado pueden realizar compras y contrataciones con fondos de caja chica “EXCEPCIONALMENTE”, mediante contratación simplificada a través de resolución de su máxima autoridad. 

Tampoco serán licitadas las compras de boletos aéreos internacionales que se realicen en línea a través de plataformas digitales autorizadas por la Presidencia.

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A partir de la entrada en vigencia de la nueva ley será más difícil seguir el rastro del uso de los fondos públicos y se reducirán aún más los índices de transparencia.

Aumentan los montos obligados para licitar 

En la nueva ley, Ortega también aumenta los montos obligados para los procesos de licitación y contratación en las instituciones del Estado, lo que garantiza que estos procesos sea publicados en el sistema público de contrataciones (SISCAE). 

Los tipos de contratos y montos quedan de la siguiente manera: 

La licitación será pública para contrataciones superiores a los 10 millones de córdobas, cuando antes era obligada para las adquisiciones a partir de los tres millones de córdobas. 

La licitación selectiva será utilizada para las contrataciones de entre 2 y 10 millones de córdobas. Antes era para montos 500 mil córdobas y hasta tres millones de córdobas. 

Contratación simplificada será una “modalidad aplicable a causales previstas en la ley, independientemente del monto, con constancia escrita y motivada”, eliminando el principio de publicidad en este tipo de contratos.  

En la ley actual ese tipo de licitación establece que: con independencia del monto, debe observarse para la selección del contratista particular en aquellas situaciones taxativamente señaladas por la Ley, de cuya ocurrencia se dejará constancia en el acto administrativo de inicio en el que se declare motivadamente la procedencia de la causal respectiva. En todo caso la contratación respectiva se hará en condiciones de mercado, de lo que se dejará constancia escrita y firmada por el máximo responsable de la entidad. Los contratos celebrados serán públicos, en los términos que señale el Reglamento de esta Ley. 

La contratación menor será utilizada para aquellas que no superen los dos millones de córdobas cuando antes estaba establecida en montos de hasta 500 mil córdobas. 

Finalmente, como entidades de control y fiscalización de las contrataciones en el sector público queda la Contraloría General de la República, pero también se agrega a la Procuraduría General de la República.