Exiliados políticos exigen a la Corte IDH ordenar al régimen la restitución de su nacionalidad y bienes

Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el destierro y desnacionalización que nicaragüenses por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, provocando daños irreparables a los derechos de las víctimas.

Los demandantes solicitaron al tribunal mantener las medidas provisionales que ha venido dictando desde 2021 en favor de un total de 115 personas opositoras que fueron detenidas y luego la mayoría de ellas desterradas y despojadas de su nacionalidad.

"La política estatal sistemática y generalizada de destierro, desnacionalización y privación de derechos que afectó a las personas beneficiarias de las medidas provisionales profundizó gravemente el riesgo en que se encuentran ellas y sus familias en la actualidad", declaró María Luisa Gómez, de la organización Raza e Igualdad.

De las 115 personas beneficiarias de las medidas cautelares, hay al menos 9 que todavía se encuentran detenidas y el resto formaron parte de dos deportaciones masivas que realizó el régimen a Estados Unidos en 2023, y a Guatemala en 2024.

Estas personas fueron declaradas como traidoras a la patria y sus derechos ciudadanos fueron suspendidos de forma perpetua ante la jurisdicción nicaragüense al ser despojadas de su nacionalidad.

Demanda de reparación 

En este sentido, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, solicitó a la Corte IDH que se ordene al Estado de Nicaragua restituir la nacionalidad de los nicaragüenses a los que ha impuesto condena de destierro, desnacionalización y confiscación.

En una audiencia pública, la Corte IDH escuchó los relatos de Juan Sebastián Chamorro y Ruth Eveling Pinto Centeno, ambos detenidos en 2021, durante una ola de arrestos ejecutada por la Policía Orteguista en el contexto electoral de ese año, donde el dictador Daniel Ortega se reeligió sin la participación de la oposición.

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Durante la audiencia pública, Salvador Marenco, abogado y defensor del Colectivo Nicaragua Nunca Más, en representación de 55 de las víctimas, solicitó a la Corte IDH, solicitó al tribunal que intervenga por la restitución de los derechos ciudadanos de los desterrados.

“(Que la Corte IDH) requiera al Estado adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que las personas beneficiarias y sus núcleos familiares puedan regresar y vivir en Nicaragua sin que ello represente un riesgo para sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y a la personalidad jurídica”, solicitó Marenco.

Además, el abogado solicitó a la Corte que ordene al Estado liberar de forma inmediata a las personas beneficiarias de medidas cautelares que se encuentran privadas "arbitrariamente de su libertad en las mismas condiciones indicadas en sus resoluciones anteriores".

Destierro es una crueldad del régimen

Juan Sebastián Chamorro, uno de los 222 excarcelados políticos desterrados a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, denunció ante la Corte que su destierro no fue voluntario, calificándolo como una crueldad de parte del régimen.

“La excarcelación, expulsión del país, despojo de nacionalidad y confiscación de bienes, han generado una profunda angustia, no muy diferente de la producida por las inhumanas condiciones del encarcelamiento durante 611 días. Nuestro destierro, no fue una decisión de libre voluntad, sino de un acto cruel y violatorio, que separó y sigue separando familias”, denunció Chamorro ante los jueces.

“Los desterrados no escogimos vivir donde nos encontramos, fuimos forzados” agregó el exaspirante presidencial.

Chamorro denunció que el robo de sus propiedades incurrió en un trauma que también generó afectaciones sicológicas en el resto de sus familiares.

“El trauma que causa el robo de tu hogar o negocio y la usurpación de éste por un tercero persigue al confiscado día y noche”, agregó.

En este mismo sentido, doña Ruth Eveling Pinto, denunció que tras su destierro a Estados Unidos, el régimen le confiscó sus propiedades y hasta su jubilación, provocándole un grave daño.

“Fui arbitrariamente encarcelada y luego la dictadura cambio la cárcel por el destierro, la apatridia y la confiscación de mi pensión de jubilada, de mi casa y mis derechos de ciudadanos, lo cual ha impactado en mi vida al ser una adulta mayor que este mes cumplo 66 años”, denunció Pinto.

“El exilio es profundamente doloroso, me han arrancado de mi casa, mi familia y mi hogar. Actualmente he tenido que migrar del país que me acogió después de mi destierro y hora soy solicitante de asilo en Costa Rica, tratando de obtener refugio”, relató.

Solicitan medidas cautelares para periodista Leo Cárcamo

Durante la audiencia pública, los abogados defensores solicitaron a la Corte medidas provisionales a favor de Catalino Leo Cárcamo, apresado en noviembre de 2024 y de quien el régimen ha negado información, por lo que las organizaciones de derechos humanos consideran que se encuentra en desaparición forzada.

Catalino Leo es un periodista adulto mayor que se retiró del ejercicio desde el año 2018, cuando estallaron las protestas antigubernamentales en el país. Los abogados también pidieron que se libere a los presos políticos que el régimen mantiene en las cárceles del país.

“(Que la Corte) ordene al Estado nuevamente liberar de forma inmediata a las personas beneficiarias privadas arbitrariamente de su libertad en las mismas condiciones indicadas en sus resoluciones anteriores”, solicitó Marenco.

Ante la intensificación de la represión, los abogados urgen a la Corte que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), implementen medidas de presión contra el dictador.

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“Nicaragua continúa en desacato a lo ordenado por la Corte mientras no cumpla de manera íntegra con las resoluciones de medidas provisionales del presente asunto y, en consecuencia, inste ante los Estados miembros de la OEA a tomar todas las medidas a su alcance para que el Estado de Nicaragua cumpla lo ordenado por la Corte y cese la grave y urgente situación de desprotección en que se encuentran las personas beneficiarias de estas medidas”, finalizó Marenco.

Grupo de Expertos de la ONU: la cantidad de desterrados es mayor

La CorteIDH también escuchó a la integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas, Ariela Peralta.

Peralta explicó que hay al menos 453 nicaragüenses despojados de su nacionalidad, pero que el número podría ser mayor tomando en cuenta a personas que no han sido informadas.

"La privación arbitraria de la nacionalidad de 453 personas opositoras o percibidas como tales, constituye un crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. Evidencia la intención del Gobierno a seguir castigando a los opositores reales o percibidos y su familia donde quiera que se encuentren y de infundir temor a represalias ante cualquier acción", declaró Peralta.

La representante del Grupo de Expertos recordó que la reciente reforma constitucional aprobada en Nicaragua establece la privación de la nacionalidad para las personas declaradas traidoras a la patria.

El Estado de Nicaragua, que no envió representación a la audiencia de este martes, fue declarado por la CorteIDH en desacato desde el 2022 por negarse a atender las medidas provisionales de este caso.