Solicitan a la Corte IDH ordenar al régimen restituir la nacionalidad y los bienes a los desterrados políticos

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que se ordene al Estado de Nicaragua restituir la nacionalidad a los excarcelados políticos que han sido desterrados de Nicaragua.

En una audiencia pública, la Corte IDH escuchó los relatos de Juan Sebastián Chamorro y Ruth Eveling Pinto Centeno, ambos detenidos en 2021, durante una ola de arrestos ejecutada por la Policía en el contexto electoral de ese año, donde el dictador Daniel Ortega se reeligió sin la participación de la oposición.

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Durante la audiencia pública, Salvador Marenco, abogado y defensor del Colectivo Nicaragua Nunca Más, en representación de 55 de las víctimas, solicitó a la Corte IDH, que ordene al Estado nicaragüense a que restablezca los derechos ciudadanos de los desterrados.

“(Que la Corte IDH) requiera al Estado adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que las personas beneficiarias y sus núcleos familiares puedan regresar y vivir en Nicaragua sin que ello represente un riesgo para sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y a la personalidad jurídica”, solicitó Marenco.

El abogado también solicitó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos “ordene al Estado nuevamente liberar de forma inmediata a las personas beneficiarias privadas arbitrariamente de su libertad en las mismas condiciones indicadas en sus resoluciones anteriores”.

Destierro es una crueldad del régimen

Juan Sebastián Chamorro, uno de los 222 excarcelados políticos desterrados a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, denunció ante la Corte que su destierro no fue voluntario, calificándolo como una crueldad de parte del régimen.

“La excarcelación, expulsión del país, despojo de nacionalidad y confiscación de bienes, han generado una profunda angustia, no muy diferente de la producida por las inhumanas condiciones del encarcelamiento durante 611 días. Nuestro destierro, no fue una decisión de libre voluntad, sino de un acto cruel y violatorio, que separó y sigue separando familias”, denunció Chamorro ante los jueces.

“Los desterrados no escogimos vivir donde nos encontramos, fuimos forzados” agregó el exaspirante presidencial.

Chamorro denunció que el robo de sus propiedades incurrió en un trauma que también generó afectaciones sicológicas en el resto de sus familiares.

“El trauma que causa el robo de tu hogar o negocio y la usurpación de éste por un tercero persigue al confiscado día y noche”, agregó.

En este mismo sentido, doña Ruth Eveling Pinto, denunció que tras su destierro a Estados Unidos, el régimen le confiscó sus propiedades y hasta su jubilación, provocándole un grave daño.

“Fui arbitrariamente encarcelada y luego la dictadura cambio la cárcel por el destierro, la apatridia y la confiscación de mi pensión de jubilada, de mi casa y mis derechos de ciudadanos, lo cual ha impactado en mi vida al ser una adulta mayor que este mes cumplo 66 años”, denunció Pinto.

“El exilio es profundamente doloroso, me han arrancado de mi casa, mi familia y mi hogar. Actualmente he tenido que migrar del país que me acogió después de mi destierro y hora soy solicitante de asilo en Costa Rica, tratando de obtener refugio”, relató.

Solicitan medidas cautelares para periodista Leo Cárcamo

Durante la audiencia pública, los abogados defensores solicitaron a la Corte medidas provisionales a favor de Catalino Leo Cárcamo, apresado en noviembre de 2024 y de quien el régimen ha negado información, por lo que las organizaciones de derechos humanos consideran que se encuentra en desaparición forzada.

Catalino Leo es un periodista adulto mayor que se retiró del ejercicio desde el año 2018, cuando estallaron las protestas antigubernamentales en el país. Los abogados también pidieron que se libere a los presos políticos que el régimen mantiene en las cárceles del país.

“(Que la Corte) ordene al Estado nuevamente liberar de forma inmediata a las personas beneficiarias privadas arbitrariamente de su libertad en las mismas condiciones indicadas en sus resoluciones anteriores”, solicitó Marenco.

Ante la intensificación de la represión, los abogados urgen a la Corte que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), implementen medidas de presión contra el dictador.

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“Nicaragua continúa en desacato a lo ordenado por la Corte mientras no cumpla de manera íntegra con las resoluciones de medidas provisionales del presente asunto y, en consecuencia, inste ante los Estados Miembros de la OEA a tomar todas las medidas a su alcance para que el Estado de Nicaragua cumpla lo ordenado por la Corte y cese la grave y urgente situación de desprotección en que se encuentran las personas beneficiarias de estas medidas”, finalizó Marenco.