La CorteIDH recibe denuncia contra Nicaragua por ataques, cancelación y confiscación del Cenidh

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), un caso contra el Estado de Nicaragua por continuos actos de amenazas y ataques a integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), cancelado y confiscado por la dictadura de Daniel Ortega.

A partir del 18 de abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el régimen, el aparato estatal realizó acciones contra el Cenidh, tales como su descalificación en medios, cortes de internet, agresión a miembros, denegación de marcha pacífica, cancelación de su personalidad jurídica, allanamiento de su local y robo de bienes. 

El Cenidh fue fundado en mayo de 1990 y se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Quienes lo integran, según lo denunciaron, han sido víctimas de acoso y hostigamiento. 

La CIDH indicó que el Cenidh realizó manifestaciones pacíficas a partir de abril de 2018, “pero la Policía las reprimió, es decir, el Estado no garantizó la libertad para su labor y, en consecuencia, provocó los atentados que sufrieron a su integridad personal”. 

La Comisión consideró que el Estado de Nicaragua invadió las manifestaciones pacíficas del Cenidh y negó la realización de la marcha en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

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El argumento esgrimido por el régimen es que el Cenidh estaba “incapacitado” desde el 25 de abril de 2018, lo que llevó a la pérdida de su personalidad jurídica y del derecho a la libertad de expresión. 

La CIDH concluyó que Nicaragua es responsable por violar los derechos establecidos en la Convención Americana, en perjuicio de las personas integrantes del Cenidh.

“Estas violaciones incluyen derechos relacionados con la integridad personal, libertad de asociación, libertad de expresión, garantías y protección judicial”, señaló.

La CIDH recomienda medidas de reparación a favor del Cenidh 

Por consiguiente, la Comisión recomendó al Estado que establezca las siguientes medidas de reparación: reparar las violaciones a los derechos humanos reconocidas en el informe, tanto en el aspecto material como inmaterial; eliminar el decreto por el que se canceló la personalidad jurídica al Cenidh; devolver a sus personas integrantes las instalaciones y todos los bienes confiscados, en las mismas condiciones que estaban antes del allanamiento. 

Además, disponer de un programa de rehabilitación para las víctimas y sus familiares; llevar a cabo una investigación y sanción seria para las personas responsables de dicho caso; adoptar medidas de protección y seguridad urgentes para las personas defensoras afectadas y sus familiares; y garantizar el derecho de reunión conforme a los estándares establecidos. 

Asimismo, adoptar medidas de no repetición, como reformar las instituciones y cuerpos de seguridad para eliminar las condiciones que permitieron la represión contra personas defensoras de derechos humanos; ajustar la normativa sobre organizaciones sin fines de lucro para que no se use para sancionar su labor legítima; y crear un mecanismo autónomo e independiente para proteger a quienes defienden los derechos humanos, cumpliendo con los estándares internacionales.