Minsa clausura nueve centros de rehabilitación porque asegura que torturaban a pacientes

El Ministerio de Salud (MINSA) ordenó el cierre de nueve centros de rehabilitación privados en Nicaragua, supuestamente porque en esos centros agredía física y psicológicamente a los ingresados, los torturaban, y los mantenían encerrados sin derecho a salir, y sin derecho de ver a sus familias.

Los centro clausurados están ubicados en los siguientes departamentos: tres en Estelí, dos en Nueva Segovia, tres en Managua y uno en Chontales. Según el Minsa, los directivos de estos centros cometieron graves irregularidades, a tal punto, que las terapias que aplicaban eran inventadas.

Aunque el informe del Minsa no revela los nombres de los centros de rehalitación ilegalizados, hasta ahora se dieron cuenta que operaban sin una autorización oficial, lo que demuestra la ineficiencia de las autoridades del Ministerio de Salud para supervisar este tipo de servicios.

Además, alegan que carecían de personal calificado, así como de protocolos adecuados para el tratamiento de personas con adicciones. Y en cuanto a las instalaciones, sostienen que presentaban condiciones inhumanas, con hacinamiento, falta de higiene, insuficiencia de camas y servicios básicos.

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Esconden nombres evadir negligencias

El viceministro del Minsa, Carlos Sáenz, dijo a los medios oficialista que realizaron inspecciones en los nueves centros donde constataron abuso y maltrato. Medios locales de Estelí reportaron el cierre del Centro de Rehabilitación Física y Mental Don Divino, el pasado 16 de enero, supuestamente porque el encargado de suministrar las medicinas a los pacientes no era un médico.

Este centro comenzó a funcionar en Estelí en agosto del 2019, y era dirigido por EL exdrogadicto esteliano Nataniel Tercero. En ese lugar, atendían a 200 personas con problemas de drogadicción. En ese departamento funcionan al menos cinco centros de rehabilitación.

El Minsa subrayó que estos centros tampoco ofrecían planes terapéuticos efectivos para garantizar la recuperación y reinserción social de los internos. Esto, sumado a las condiciones precarias, representaba un grave riesgo para la salud y bienestar de los ingresados.

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La inspección la realizó la doctora Meyling Brenes, integrante del equipo evaluador, dijo que "es inaceptable que se vulneren los derechos de los pacientes", además de asegurar que "están trabajando para asegurar que reciban un trato digno y adecuado".