Más de mil paramilitares juran como "policías voluntarios" en León

Un contingente de 1,500 encapuchados juró este lunes en León como parte de la Policía Voluntaria. El pelotón civil, presentado como un cuerpo auxiliar de la Policía Sandinista, fue bautizado con el nombre de Comandante Julio Buitrago Urroz. Sin embargo, la conformación de estas fuerzas legaliza a los escuadrones armados que reprimieron y mataron a manifestantes en el contexto de las manifestaciones de 2018.

El acto de juramentación, celebrado en el Campo Victoria de la Ciudad Universitaria, fue presidida por el sancionado primer comisionado y consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Francisco Díaz. El evento también contó con la presencia de autoridades municipales y políticas vinculadas al FSLN, miembros del Ejército de Nicaragua, y otros invitados.

Durante su intervención, Díaz afirmó que las familias leonesas 'se sienten orgullosas' del batallón de encapuchados que, según él, trabajará en favor de la paz, la seguridad y la tranquilidad de las comunidades. No obstante, tras las primeras juras de policías voluntarios han surgido denuncias de trabajadores del Estado y de las alcaldías que están siendo obligados a integrarse en estas células que la población asocia con caos, terror y muerte.

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Defesondores de derechos humanos han denunciado que  detrás dela figura de Policía Voluntaria está la estructura civil que en 2018 el régimen armó para reprimir a los manifestantes. Estos grupos, conocidos popularmente como paramilitares, sembraron el terror con ataques, secuestros y ejecuciones extrajudiciales.

Un disfraz para el control autoritario

La designación "Comandante Julio Buitrago Urroz", el llamado "Padre de la Resistencia Nicaragüense", representa la extensión de un aparato de control social del régimen Ortega-Murillo, diseñado para sofocar cualquier intento de disidencia bajo la excusa de preservar la tranquilidad y la armonía en las comunidades.

Tanto opositores como defensores coinciden en que la creación de nuevos contingentes paramilitares, disfrazados como "policías voluntarios", no es más que una estrategia para perpetuar el clima de miedo en el país.

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La conformación de batallones de policías voluntarios a nivel nacional no es algo casual, sino que está respaldada por las reformas impulsadas en la nueva Constitución, las cuales otorgan al régimen Ortega-Murillo un marco legal para perpetuar su control. Estas modificaciones permiten la integración de fuerzas auxiliares bajo el mando de la Policía Nacional y el Ejército, legitimando así la existencia de estructuras preparadas para reprimir.

Según los críticos, estas reformas no son más que un mecanismo para institucionalizar la represión y dar una apariencia de legalidad a las acciones de estos grupos, que operarían con la misma impunidad que los paramilitares en 2018. Este marco legal transforma a Nicaragua en un estado policial, donde cualquier forma de resistencia sería inmediatamente liquidada.