Despidos en el Poder Judicial alcanzan a la jueza Miroslava Calero, antigua servidora sandinista

En el Poder Judicial no cesan los despidos de funcionarios que ya no son útiles al orteguismo. La más reciente baja fue la jueza Miroslava Calero Chamorro, quien durante más de diez años estuvo al frente del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Adolescentes y Especializado en Violencia de Managua. 

Calero Chamorro fue cesada en plena temporada de vacaciones de Navidad y fin de año. Dejó el cargo en total silencio y es hasta ahora cuando el caso cobra fuerza como rumor en los pasillos judiciales de la capital. 

“Ella había escapado a la oleada de despidos que inició en el Poder Judicial en octubre de 2023 y a la compactación de 2024, pero ahora estamos claros de que cualquier funcionario público puede ser separado de su puesto en cualquier momento”, comentó un funcionario judicial al señalar que Calero Chamorro era una servidora leal.

Calero Chamorro fue parte de los jueces orteguistas que se han actuado en complicidad con el régimen Ortega-Murillo para llevar a la cárcel a decenas de sacerdotes. Fue ella quien envió a juicio a monseñor José Leonardo Urbina acusado por los presuntos delitos de violación y lesiones psicológicas en contra de una adolescente de 14 años.

La destitución de Calero trascendió en los pasillos de los Juzgados de Managua durante la primera semana de enero de 2025, tras el retorno de las vacaciones. Sin embargo, no se conocen oficialmente las causas de su despido.

“Como ha ocurrido en otras ocasiones, todo se maneja en secreto. Por temor, incluso los despedidos prefieren guardar silencio. Lo único que escuchamos es que en febrero nombrarán a otro grupo de jueces para sustituir a quienes han sido cesados a nivel nacional”, agregó la fuente.

El juzgado que estaba a cargo de Calero Chamorro permanece acéfalo. Actualmente, las causas penales están siendo reasignadas a otras juezas, entre ellas Karla García Zepeda, del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Violencia, y Aleyda María Irías, titular del Juzgado Segundo Especializado en Violencia.

Desde que Rosario Murillo ordenó al comisionado general en retiro Horacio Rocha ejecutar una reestructuración en el Poder Judicial se estima que más de 1,200 funcionarios judiciales han sido despedidos, incluyendo magistrados, jueces, notificadores, secretarias y personal administrativo.

La purga inició el 24 de octubre de 2023 con la propia magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos. Fue sacada de su oficina como ladrona y sometida a un régimen de vigilancia policial. Luego de Ramos, señalada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) de promover nepotismo dentro del Poder Judicial, también cayeron los magistrados Yadira Centeno y Virgilio Gurdián y decenas de funcionarios de todos los niveles.

Desde entonces, en el Poder Judicial reina el miedo, la desconfianza y, sobre todo, la incertidumbre, pues la purga en la cúpula de poder dejó claro que ni la militancia ni la fidelidad al partido es suficiente blindaje frente a un régimen tirano de Daniel Ortega y Rosario Murillo.