Desterrados que no fueron admitido por los Estados Unidos piden que España los admita

Los 38 excarcelados políticos que fueron desterrados a Guatemala y que Estrados Unidos les negó el ingreso bajo el programa de Movilidad Segura, solicitan a las autoridades españolas que les ayuden a agilizar el otorgamiento de la nacionalidad para poder viajar y reasentarse en ese país.

Pedro Gutiérrez, uno de los denegados, explicó a DESPACHO 505 que a pesar que España les ofreció la nacionalidad a los pocos días de haber sido despojados de la nacionalidad nicaragüense, habían optado no tomarla de momento porque ya habían aplicado al programa de Movilidad Segura, con la esperanza que fueron admitidos.

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El temor de este grupo de excarcelados crece a medida que se acerca el 31 de enero, fecha en que la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) dejará de apoyarlos con el pago de los hoteles donde fueron hospedado, es decir, que para esa fecha tendrán que buscar por su propia cuenta su propia sobrevivencia.

“Queremos solicitarles a las autoridades de la Unión Europea, principalmente a las autoridades españolas que nos ayuden a agilizar agilicen el trámite para tomar la ciudadanía español. Nosotros no habíamos aplicado a la ciudadanía española porque teníamos el trámite de la Movilidad Segura y estábamos esperando que nos resolvieran”, expresó Gutiérrez a este medio.

Los excarcelados también solicitan a las autoridades españolas que los admitan en ese país bajo el programa de Movilidad Segura para poder rehacer sus vidas junto con sus familias y dejar atrás el calvario sufrido durante su encarcelamiento en Nicaragua. Temen que los tentáculos del régimen los alcance en ese país.

“Nosotros no nos queremos quedar en Guatemala y es por esa razón que queremos pedirle a las organizaciones internacionales que nos apoyen para salir para España, que nos apoyen con el pasaje y seguir nuestro proceso allá”, relató Nelly López, una pequeña empresaria que en el año 2018 vio morir a su esposo a manos de paramilitares durante las protestas ciudadanas.

Futuro incierto

Los excarcelados señalaron que su futuro es incierto porque la ayuda humanitaria brindada por algunas organizaciones está pronta a acabarse y su situación migratoria aún no se ha resuelto, lo que complica su estadía en Guatemala porque no pueden trabajar.

“Hemos sido notificados que tenemos apoyo hasta el 31 de enero y después seremos abandonados a nuestra suerte, ahorita lo único que sabemos es que nuestro futuro es incierto porque se nos ha negado la entrada a Estados Unidos porque se nos acusa de causas que no conocemos. Sabemos que han revivido algunas de los delitos en el cual nos acusaron en Nicaragua”, expresó Juan Carlos Vaquedano, uno de los adultos mayores desterrados.

Entre los denegados se encuentran varios adultos mayores, quienes requieren chequeos médicos para atender los padecimientos crónicos que poseen.

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“Queremos que tomen en cuenta la necesidad que estamos pasando todos los excarcelados políticos aquí, sobre todo las personas que tienen niños y a las personas de la tercera edad, pedimos que por favor no haga caso omiso a lo que estamos pidiendo”, agregó Pedro Gutiérrez.

“Queremos que nos ayuden y lleven nuestra voz a las instancias correspondientes. Estamos en condición de precariedad”, dijo Pedro Arteaga, otro adulto mayor denegado para ingresar a los Estados Unidos.

UDJ detecta seis afectaciones sicológicas en excarcelados

La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), denunció que los excarcelados políticos desterrados a Guatemala presentan graves afectaciones sicológicas que se han agravado con la negativa de los Estrados Unidos para ser admitidos bajo el programa Movilidad Segura.

El área forense de la UDJ atendió a parte de los familiares de los desterrados a Guatemala el pasado 5 de septiembre, detectándoles graves afectaciones a sus estados emocionales derivadas por el estrés postraumáticos.

“Los familiares de las 135 personas desterradas también han tenido afectaciones psicológicas. El área forense de la UDJ realizó 11 sesiones de contención a familiares, quienes han mostrado signos de estrés postraumático, tristeza profunda, estados de hipervigilancia, crisis de angustia, ansiedad, labilidad afectiva y/o entre otras afectaciones”, denunció la organización.

El organismo también denunció que algunos de los familiares de este grupo de desterrados constantemente sufren actos intimidatorios en sus propias viviendas por parte de agentes policiales.

“Se han registrado casos donde la Policía ha seguido dándole vigilancia a los familiares, incluso llegando a su casa (alquilada, que no es de su propiedad) para tomarles fotos y hasta para preguntarles cuántas personas viven en su casa”, anotó el organismo.

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Sumado a la angustia generada por la situación anterior, la orden del decomiso de los bienes de estos excarcelados ha generado un gran impacto emocional en todos ellos que tienen niños en Nicaragua.

“Si bien las autoridades nicaragüenses aún no han decomisado masivamente los bienes de estas personas, hay una gran cantidad de casos en donde se han presentado las autoridades a las propiedades a tomarles fotos, haciendo inminente la confiscación. En muchas de estas propiedades viven sus familiares, incluyendo hijos/as menores de edad, por lo que eso aumenta la angustia tanto en los desterrados como en sus familiares”, denunció la UDJ.