El régimen toma control del negocio arenero en el Cerro Motastepe con nuevas cancelaciones de concesiones mineras

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) canceló 12 concesiones mineras por supuesto incumplimiento de la Ley N° 387 Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas y ordenó su traspaso a nombre del Estado. Entre las concesionarias afectadas figura Arenas Nacionales S.A. (ANSA), una empresa vinculada al sandinismo que tenía los derechos de explotación del cerro Motastepe y sus alrededores, en Ciudad Sandino, Managua. 

En el Acuerdo Ministerial 053, el MEM informa que ordenó la anulación de los permisos explotación del Cerro Motastepe a favor de ANSA porque la minera incurrió en "insolvencia con sus obligaciones tributarias". Esta empresa ha operado en el país desde la década de los 90 y, tras obtener los permisos de explotacion del cerro equivalentes a un área de 2,210,04 hectáreas, ha estado en el ojo público, señalada de realizar una actividad extractiva peligrosa para las poblaciones aledañas y el medio ambiente.

Otra de las mineras a las que este 9 de enero el MEM revocó permisos de aprovechamientos es  Canteras S. A. (CASA) que al igual que ANSA pertenecía a la empresa Inversiones Mineras que aglutinaba media docena de mineras que operaban en diferentes partes del país.  

A la minera Canteras S.A. (CASA) le fue revocada la explotación de diez lotes:  "Lajitas de Apompuá II"; "Apompuá I"; "Lajitas de Apompuá"; "Dulce Nombre"; "Cerro San Francisco"; "El Otoscal"; "San Gregorio"; "La Pilta"; "La Penca"; y "La Buena Vista".

Según el MEN, las faltas que conllevaron al retiro de las licencias de explotación son: insolvencia en sus obligaciones tributarias, no contar con permiso ambiental y/o no haber realizado ninguna actividad en el área que tenían bajo su tutela.

La tercera minera afectada es TOPSA. A esta empresa, el MEM  le retiró los permisos de aprovechamiento del lote denominado "Presitillas", supuestamente porque no ha realizado actividad minera ni actualizado su permiso ambiental. .

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Desde el 2024, el régimen puso en marcha un paquete de cancelaciones de concesiones mineras. En paralelo, el MEM ha dado luz verde para la entrada al mercado minero nacional de empresas chinas. 

 En el 2024, otorgó al menos 44,290 hectáreas para la extracción de minerales.

Una de las principales beneficiadas por esta política contradictoria es la empresa china-nicaragüense Nicaragua Xinxin Lize Mining Group, que ha recibido concesiones significativas en los últimos años. La estrategia de la dictadura no solo evidencia una dependencia hacia actores externos, sino que también profundiza la desigualdad en el acceso y manejo de los recursos nacionales.

Ambientalistas y defensores de los derechos humanos han señalado que las concesiones otorgadas a Nicaragua Xinxin Lize Minería Group se realizan sin la consulta previa y necesaria a las comunidades afectadas, una obligación establecida en acuerdos internacionales que el régimen ignora. Además, los riesgos de devastación ambiental y el saqueo de los recursos naturales aumentan bajo un modelo que prioriza intereses extranjeros sobre el bienestar de los nicaragüenses.

Esto alimenta sospechas de que la medida busca consolidar un mercado dominado por aliados políticos y económicos del régimen.