Trabajadores del Estado regresan a sus labores con el temor a ser despedidos

Este lunes, unos 167 mil trabajadores del Estado retornaron a sus labores después de unas largas vacaciones de fin de año, bajo la presión del "plan de auteridad" o despidos masivos que ejecuta desde el año pasado la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

Antes de que el régimen anunciara su plan de compactación en agosto pasado, el Estado tenía al rededor de 170 mil trabajadores a nivel nacional. Sin embargo, hasta noviembre de 2024, al menos 2.196 trabajadores del Estado de Nicaragua habían sido despedidos, según datos del Ministerio de Hacienda a los que accedió DESPACHO 505.

Estas bajas corresponden a las instituciones públicas cuya planilla depende del Gobierno Central y son las primeras evidencias de la compactación ordenada por la pareja dictatorial.

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En el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), los trabajadores temen que en este mes continúen los despidos, sin derecho a prestaciones, a como ha ocurrido con muchos de sus compañeros de trabajo.

“No se sabe que va a pasar, estamos en veremos. Solo sabemos que siempre que inicia un año, hay despidos en las instituciones. Tengo más de 30 años de estar trabajando aquí en el INSS y probablemente me despidan en este recorte que vayan a ejecutar”, señala María Toruño, una trabajadora del Estado que pide ser identificada con ese nombre para proteger su identidad.

Toruño recién acaba de cumplir 59 años de edad y su mayor miedo es que sea despedida antes de cumplir los 60 años para poder jubilarse. Teme que al ser despedida no le paguen sus prestaciones completas a como también ha ocurrido en otros caso de sus excompañeros de trabajo.

“A muchos que trabajaron aquí y los han corrido les han atrasado los pagos de las liquidaciones, ahora, con estas compactaciones, es probable que nos roben, eso sí, cuando hay actividades partidarias nos piden ´un aporte voluntario´ y ese dinero sí o sí se tiene que dar”, denunció.

Trabajadores de la salud con miedo a despidos

En igual situación se encuentran los trabajadores de la salud, quienes temen ser sustituidos por médicos recién graduados. El personal sanitario es uno de los más afectados bajo el régimen sandinista, porque son obligados a trabajar horas extras sin derecho a pago.

“Como trabajadora del sistema de salud mi temor es que me corran y no me paguen. Siempre que corren a alguien, es sustituido por alguien joven que viene de la Juventud Sandinista, a ellos les pagan menos y casi no realizan labores, están dedicados a actividades políticas”, contó a DESPACHO 505 una enfermera de un hospital público de Managua.

La enfermera tiene 51 años de edad y con el poco salario que gana ayuda a su mamá en la compra de medicamentos. Aunque sus dos hijos emigraron a los Estados Unidos con el parole humanitario, dice que la situación laboral para ellos se ha complicado y trabajan para pagar la deuda del patrocinador y el boleto aéreo.

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“¿Y si me corren quien me va a dar trabajo? Aquí es difícil encontrar plazas en otros lados y peor a mi edad”, se cuestiona “Carmen”, quien ingresó a trabajar al sistema de salud público a inicios de 1990, cuando doña Violeta Barrios de Chamorro asumió el poder.

“El sistema de salud es uno de los más frágiles para despidos porque solo saben decir que si se va uno, lo reponen con otro de los tantos médicos recién graduado, pero la verdad es que esos muchachos no tienen humanismo ni paciencia. Aquí te corren hasta por no participar en una caminata política”, dice.

Despedidos y sin prestaciones

El 23 de noviembre de 2023, los diputados de la Asamblea Nacional, dominada por legisladores sandinistas, aprobaron una abusiva “Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado” que establece una tabla de indemnizaciones según la cantidad de años de servicio continuo.

La Ley 1173 “Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado”, establece que los trabajadores que tengan de 3 a 10 años obtendrán el equivalente a un mes de salario si dejan el puesto de manera voluntaria. En tanto, quienes acumulen de 10 a 15 años cobrarán el equivalente a 2 meses de su sueldo.

En el caso de los que acumulen de 15 a 20 años de trabajo, el Estado de Nicaragua les reconocerá 3 meses de sueldo como liquidación. Cobrarán cinco meses de sueldo solo aquellos que trabajen 20 años continuos para el sector público.

“La indemnización por antigüedad en caso de renuncia no es aplicable para los trabajadores del Estado que sean promovidos para ocupar cargos por nombramiento del Presidente de la República”, señala la nueva Ley. La normativa es aplicable a los trabajadores del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral, Entes Autónomos y Gubernamentales, municipios y órganos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe.

Barrida en el Estado será política

La disidente sandinista Dora María Téllez cree que la compactación estatal es parte de la estrategia del régimen para mantenerse a flote pese a la falta de recursos, algo, que se veía venir y para lo que se preparó desde el año pasado con la reforma a la Ley 474.

“La reestructuración que hizo el régimen el año pasado sobre los derechos de los trabajadores del sector público a la antigüedad y que lo limitó a cinco años, era una preparación para un recorte general que ellos ya comenzaron a hacer muy tempranamente en la del Sistema Judicial y que fue donde primero realizaron una barrida de doble naturaleza”, explicó la opositora Dora María en una entrevista a DESPACHO 505 en agosto del año pasado.

En este sentido, el economista Juan Sebastián Chamorro, recordó que “el Estado tiene la obligación de pagar las liquidaciones de todos sus empleados momento de la separación de sus cargos”, pero como lo más probable es que los despidos sean decididos tomando en cuenta fidelidades política, el no pago de liquidaciones podría también usarse como una medida de venganza.

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“Lo que veo es que no le van a pagar su liquidación a la gente cuando tienen algún tipo de sentimiento de que no son fieles, entonces no es un tema de capacidad presupuestaria estatal”, advirtió Juan Sebastián Chamorro al ser consultado para este reporte.

Chamorro, quien es un opositor desnacionalizado, confiscado y desterrado a Estados Unidos por el régimen sandinista, recordó que “el Estado sí puede y tiene la capacidad de pagar, pero no va a querer pagar las liquidaciones”, reiteró el exaspirante a la presidencia de Nicaragua.