Personaje del Año 2024 | Los apátridas nicaragüenses

El capitalino Anner Herrera solo tenía 16 años de edad y cursaba el quinto año de secundaria cuando la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le truncó el plan de vida que se había trazado: bachillerarse y entrar a la universidad.

Primero, lo secuestraron porque en abril de 2023 se vistió con una camiseta alusiva a las protestas de abril de 2018. Luego, lo mantuvieron en una mazmorra durante 17 meses y, como si eso no fuera suficiente tortura para un joven que apenas empieza la vida, el pasado 5 de septiembre lo excarcelaron para desterrarlo a Guatemala junto a otros 134 excarcelados políticos.

Cinco días después del destierro, en La Gaceta, Diario Oficial, el régimen Ortega-Murillo publicó que había despojado de la nacionalidad a todos los 135 desterrados.

Ya afincado en Estados Unidos, después de haber cumplido con un proceso de solicitud de reasentamiento, Herrera comenta que, aunque ve “oportunidades” en el país norteamericano, todavía está latente la tristeza porque no puede regresar a Nicaragua.

“A veces me siento triste. Quiero volver a Nicaragua y seguir mis estudios porque por ellos (los Ortega Murillo) no terminé mi Secundaria. Soy y seguiré siendo nicaragüense. Porque lo diga un dictador, no dejo de ser nicaragüense”, expresó el joven, hoy de 18 años de edad.

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Quitarle de manera arbitraria la nacionalidad a una persona que nació en Nicaragua, ya sea por razones políticas, religiosas, étnicas o por otras causas, es “una grave violación de derechos humanos” y está “expresamente prohibido” en diferentes convenios internacionales sobre derechos fundamentales, explica Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), un organismo que se dedica a promover el respeto a los derechos humanos en el continente americano.

La desnacionalización, añade Jiménez Sandoval, es “gravísima” porque, si el afectado no puede adoptar otra nacionalidad queda en “situación de apatridia”. “La nacionalidad, al final del día, es una figura muy básica para acceder a otros derechos”, explica la experta en derechos humanos.

Sin embargo, los Ortega Murillo no entienden de leyes, convenios internacionales ni de respeto a los derechos humanos y están desnacionalizando nicaragüenses desde febrero de 2023, cuando lo hicieron por primera vez contra 222 excarcelados políticos que desterraron a Washington y con el obispo Rolando Álvarez, quien no quiso subir a ese avión, así como con otros 94 nicaragüenses, la mayoría de los cuales ya estaban en el exilio.

En este año 2024, los dictadores nicaragüenses continuaron con la aberrante práctica y se calcula que la cifra de víctimas supera los 600. Este total incluye a los 222 prisioneros políticos desterrados a Estados Unidos y los 94 exiliados desnacionalizados en 2023, así como a los 135 desterrados a Guatemala y a 18 religiosos que fueron excarcelados junto al obispo Álvarez, quien finalmente fue enviado a Roma después de negarse a ir a Washington.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señala, en un informe de febrero de 2024, que en Nicaragua también existen “apátridas de hecho”, que son todos aquellos a quienes el régimen Ortega-Murillo les ha negado entrar al país. Se calcula que son unos 145 y con ellos es que la lista de nicaragüenses en situación de apatridia supera los 600 perjudicados al finalizar este 2024.

El especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, quien fue desnacionalizado por los Ortega Murillo en febrero de 2023, indicó que la situación de apatridia entre los nicaragüenses es “muy grave”, especialmente para los “de hecho”, como aquellos a los que, por ejemplo, se les niega el pasaporte, porque es a quienes más les cuesta probar que están siendo víctimas de los abusos del régimen, aunque a todos en general los vuelve bastante vulnerables y se hace necesario que los países “adopten medidas de protección” para estas personas.

“Es una situación grave (la apatridia de los nicaragüenses), hay un subregistro muy grande y peor aún muchos de estos casos ni siquiera son públicos o no lo hacen público por el temor a la represalia interna que puedan sufrir sus familiares en Nicaragua”, comentó Pineda.

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La desnacionalización y la apatridia provocan mucha vulnerabilidad en las personas porque les obstaculiza otros derechos políticos, sociales y económicos, como conseguir un empleo, estar inscrito en el sistema de seguridad social, matricular a los hijos en la escuela, circular, escoger libremente un lugar de residencia, la posibilidad de contar con una personalidad jurídica, participar en los asuntos públicos. Son muchas las afectaciones.

Por esa razón DESPACHO 505 decidió nombrar a los apátridas nicaragüenses como el Personaje del Año 2024 en Nicaragua, por ser víctimas de uno de los más extremos y groseros abusos que cometen los Ortega Murillo en contra del pueblo nicaragüense.

Un pastor evangélico todavía se pregunta qué prédica enfureció al régimen

Los Ortega Murillo están despojando de la nacionalidad a los nicaragüenses únicamente por razones políticas, concluyen diversos defensores de derechos humanos a nivel internacional.

Así lo afirman los expertos de la ONU en el informe de febrero pasado. “Según lo documentado por el Grupo de Expertos, las decisiones de privación arbitraria de la nacionalidad y demás penas accesorias tienen un componente claro de discriminación por la identidad de las víctimas como opositoras al Gobierno, o por representar una amenaza al mismo. En este sentido, las altas jerarquías del Estado lideradas por el presidente y la vicepresidenta, a través de una variedad de agencias y funcionarios, buscaron, no solamente dejar a las víctimas en condición de apatridia, sino en una condición de total vulnerabilidad”, dice el documento.

Y Carolina Jiménez Sandoval, de WOLA, lo reafirma.

“Cuando uno estudia el caso nicaragüense, se da cuenta de que esas privaciones de la nacionalidad en Nicaragua se dan por motivos políticos. Es decir, es un uso de una violación de derechos humanos para castigar principalmente a quienes disienten del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, señala la experta.

No obstante, eso no lo entiende Walner Blandón, un pastor de la iglesia Puertas de la Montaña que ya tiene tres meses de estar desterrado en Guatemala y todavía se pregunta qué dijo en algún culto para que la dictadura lo haya desnacionalizado y desterrado.

“(La noticia de la desnacionalización) fue un balde de agua fría, porque después de trabajar en la parte religiosa, no teniendo mentalidad política, ni tratando de conspirar contra el gobierno de Nicaragua, fue un rayo en cielo sereno porque nosotros no somos políticos. Fuimos ovejas en manos de semejantes tigres. Nuestro proyecto era predicar y nos politizaron. No nos imaginamos que la paranoia del gobierno se iba a venir sobre nuestras vidas. Aún en la cárcel, desconocíamos lo que había pasado y nos preguntábamos qué dijimos de mal. Me lo sigo preguntando”, reitera el pastor Blandón.

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El periodista Víctor Ticay, desnacionalizado y desterrado después de haber sido secuestrado solo por darle cobertura a una actividad religiosa en la Semana Santa de 2023, se sintió “golpeado emocionalmente” cuando leyó que en La Gaceta, Diario Oficial, se confirmó que estaba desnacionalizado.

“Soy nicaragüense, nací en Nicaragua y voy a regresar”, dice con firmeza Ticay, actualmente ya reasentado en Estados Unidos.

Ticay llegó al país norteamericano en los primeros días de este mes de diciembre junto a su esposa, a quien logró sacar de Nicaragua 10 días después del destierro, y eso es un alivio para él, sin embargo, la situación sigue siendo difícil porque se trata de empezar una nueva vida “desde cero”, alega. Refiriéndose a su cónyuge, indicó: “Igual que yo, ella lo dejó todo, su familia y su trabajo”.

Aunque ama su profesión, el periodista señaló que no sabe si seguirá ejerciéndola, porque necesita generar ingresos y, si le sale alguna ocupación diferente, está dispuesto a “hacer de todo” en Estados Unidos para sobrevivir.

Dos apátridas de facto, es decir, que no han sido desnacionalizados, pero sí desterrados, son el youtuber Francisco Javier Reyes Rosas, quien se autodenomina “el Chico Reyes Rosas”, y el músico masayense Nieves Martínez.

Reyes Rosas fue impedido de ingresar al país en septiembre pasado, cuando regresaba de Madrid a Managua, solo porque colaboró con el youtuber venezolano Óscar Alejandro Pérez Martínez, quien criticó la falta de libertades en el país a causa de la represión de los Ortega Murillo.

En declaraciones que brindó en sus redes sociales, el youtuber indicó que, cuando la aerolínea le dijo que no podía subir al avión porque las autoridades migratorias nicaragüenses le estaban negando la entrada al país, se sintió muy “golpeado”.

“No se imaginan cómo se siente que te nieguen la entrada a tu propio país. Iba tranquilo para mi casa, pero me dejaron varado en un país que no es mío, en un lugar donde no sabían si tenía dinero o no para quedarme, comer, resolver. Fue un choque muy grande y recordarlo aún me duele”, admitió.

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Por su parte, Nieves Martínez fue desterrado en noviembre pasado junto a los también músicos Dagoberto Palacios y Juan Pablo Rosales. El artista dijo que salió a Costa Rica en junio de 2018, debido a las protestas, ya que en redes sociales había denunciado los crímenes de la dictadura, pero regresó cuatro meses después y se confió porque durante seis años pudo estar tranquilo dentro de Nicaragua.

Martínez relató que repentinamente fue secuestrado el pasado 11 de noviembre cuando se presentó en la delegación policial de Masaya porque los policías del régimen tenían retenido a su hermano y a su suegro y solo los soltaban si él se entregaba. Cerca de las 10:00 de la noche, lo trasladaron a El Chipote, donde durante dos días seguidos fue interrogado por horas sobre una canción navideña a favor de los presos políticos que no existe y, como no lograron encontrar evidencias en su contra, finalmente le recordaron que en 2018 había criticado a la dictadura y cantado en un tranque a la salida de la ciudad.

El 13 de noviembre lo subieron a un avión junto a su amigo también músico, Dagoberto Palacios, con rumbo a España, pero los policías del régimen les advirtieron que la pensaran bien, porque si llegaban a España y no los aceptaban, si los deportaban a Nicaragua no iban a tener “una segunda oportunidad” y pasarían años en la cárcel.

Por esa razón, Martínez y Palacios optaron por quedarse en la primera escala que hizo el avión, en El Salvador, adonde aún se encuentran desterrados y sin saber qué pasará con ellos aún.

La apatridia una práctica de los regímenes más oscuros de la historia

Las desnacionalizaciones que aplican Daniel Ortega y Rosario Murillo solo se han visto en la Alemania nazi de Adolf Hitler, en la Italia fascista de Benito Mussolini y, en América Latina, en el Chile de uno de los dictadores más crueles que ha existido, Augusto Pinochet. En muy pocos países más, indica Carolina Jiménez Sandoval.

“La privación arbitraria de la nacionalidad se ha dado en los casos más graves de la toma del poder casi absoluto por parte de liderazgos autoritarios, que han pasado a la historia por la forma abusiva y opresiva en la que han mantenido a sus ciudadanos. Creo que cualquier líder de América Latina quiere evitar ser comparado con Pinochet, uno de los dictadores más crueles de la región y en este momento, justamente con esa persecución política que Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen contra la oposición, los activistas, los defensores derechos humanos, los liderazgos de movimientos sociales, que llega a la privación arbitraria de la nacionalidad, creo que obviamente estamos viendo uno de los liderazgos nuevamente más represivos de la región”, indica Jiménez Sandoval.

Para el jurista Uriel Pineda es bastante triste tener que comparar a los Ortega Murillo con regímenes oscuros de hace tantos años, porque “hoy por hoy es inaceptable a la luz de la evolución de los derechos humanos”.

Sin embargo, para él lo más triste es el “subregistro negro” que existe porque no se sabe a ciencia cierta el universo de afectados por la dictadura con la situación de apatridia.

“(La apatridia) es una medida muy eficaz para lo que quiere el régimen, más allá de la de la violación a derechos humanos, más allá de los presos políticos, lo que le ha resultado más redituable para difundir temor y controlar cualquier voz de disidencia ha sido el exilioforzado de personas, ha sido la apatridia tanto formal como de facto o de hecho. Este perfeccionamiento represivo ha sido tan útil y menos impactante para la comunidad internacional por su omisión, que no todos la denuncian, cada vez es menos, aunque la política persiste, entonces yo creo que eso es lo más grave que está ocurriendo en este momento en Nicaragua”, aseguró Pineda.

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Para cometer ese abuso, los Ortega Murillo han violentado la Constitución Política del país y cinco convenios internacionales, tres de las Naciones Unidas y dos de la Organización de Estados Americanos, como la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, solo por citar algunos.

En el caso de la Constitución, violentaron el artículo 20, el que dice que “Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”.

En la propuesta de reforma que Ortega envió a la Asamblea Nacional el pasado noviembre y que terminará de ser aprobada en enero próximo, se eliminó ese artículo.