EEUU desenmascara a los corruptos de la dictadura y manda un mensaje claro: Ningún complice está a salvo

Estados Unidos ha incluido a 20 funcionarios de universidades y entidades rectoras de la Educación Superior de Nicaragua en la conocida 'Lista Engel'. Estos individuos han sido señalados por socavar las instituciones democráticas y cometer graves abusos contra la comunidad universitaria, formando parte de un esquema de corrupción que resultó en la confiscación de universidades y el asalto a la libertad de pensamiento.

La 'Lista Engel', llamada así por el congresista demócrata Eliot Engel que la promovió en 2019, es elaborada por el Departamento de Estado. Esta lista implica sanciones como restricciones migratorias, pérdida de visas de ingreso, congelamiento de activos y una exposición pública para quienes están involucrados en corrupción vinculada con contratos gubernamentales, lavado de dinero, sobornos y extorsión.

Con estas nuevas sanciones el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo "ha vuelto a ser desenmascarado" y ha quedado claro que los cómplices de los abusos que se cometen en Nicaragua están plenamente identificados y que tarde o temprano deberán rendir cuentas, según opositores y analistas consultados por DESPACHO 505.

“Esta nueva lista de sancionados confirma que los crímenes del régimen no serán olvidados y que quienes los ejecutaron enfrentarán las consecuencias de sus actos”, asegura el politólogo y excarcelado político Félix Maradiaga.

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Maradiaga señaló a los sancionados, Roberto Enrique Flores Díaz, Jaime López Lowery, Isaías Hernández Sánchez, Almarina Oliveira Solís Santos y Mario José Caldera Alfaro, directivos del Consejo Nacional de Universidades, así como a las autoridades de universidades públicas como Lilliam de Jesús Lezama Gaitán y Luz Marina Ortiz Narváez de ser figuras clave en la operación que derivó en la demolición de la Autononía Universitaria y en el asalto y confiscación de menos 25 universidades privadas, incluida la jesuita Universidad Centroamericana.

“La justicia puede tardar, pero siempre llega... La inclusión de estos nombres en el informe es un paso más para garantizar que los crímenes del régimen Ortega-Murillo no queden impunes”, valora.

Maradiaga, que fue parte de los primeros 222 nicaragüenses víctimas de apatridia, recordó que la represión a la comunidad académica nicaragüense no solo es una violación a los derechos humanos, sino también un golpe a la memoria histórica de resistencia en el país.

La dictadura tiene sus días contados

Para la ex guerrillera y excarcelada política Dora María Téllez la sanción a estas 20 personas asociadas al régimen es una clara advertencia para todos los funcionarios del régimen Ortega Murillo: no pueden escudarse ni protegerse  en sus cargos de sanciones internacionales y, tarde o temprano, tendrán que rendir cuentas.

Téllez llama a refexionar a los servidores públicos que se han convertido en cómplices de graves violaciones a los derechos humanos. La exguerrillera cree que están a  tiempo de separarse del régimen y de resistirse a las acciones represivas.  

“La dictadura tiene sus días contados y no protege a quienes usa de instrumentos para la represión o la venganza”, enfatiza Téllez, otra de las opositoras condenadas al destierro y pérdida de la nacionalidad.

EEUU del lado de la sociedad civil

Por su parte, el líder universitario, Lesther Alemán, valoró que las recientes sanciones impuestas por el Departamento de Estado a los altos funcionarios académicos del régimen, es un mensaje que Estados Unidos sigue del lado de la sociedad civil nicaragüense y que la lucha de abril de 2018 sigue vigente.

Alemán, quien fue apresado, desnacionalizado y desterrado a Estados Unidos por la dictadura en febrero de 2023, dijo que las sanciones no solo van contra paramilitares, sino contra funcionarios que a través de sus puestos han reprimido los derechos de los nicaragüenses, principalmente de la comunidad educativa.

“En un primer momento que bien recibir el tema del interés de Estados Unidos sobre la crisis política que enfrenta Nicaragua, en esto existen quienes no solo lo han cometido crimen, sino se han identificado personas que han sido perpetradoras, no solo paramilitares, sino quienes han sido aniquiladores y son todos aquellos serviles de la dictadura que se han prestado a toda la estrategia de compactación que Rosario Murillo”, expresó Lesther Alemán a DESPACHO 505.

El joven opositor recordó que en 2018 fueron los mismos universitarios quienes salieron a protestar contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para exigir un cambio de gobierno.

“Esto es también de parte de Estados Unidos un mensaje que el año 2018 y las acciones de parte de la sociedad civil, y hablo de sociedad en general, que se dispuso a cambiar su historia es muy vigente para el mundo decir las heridas de abril 2018 muy vigente para el mundo”, dijo.

Alemán señala que las investigaciones que Estados Unidos abrió contra estos funcionarios académicos, son porque han menoscabado la educación superior y decidieron no desertar del régimen para colaborar con posibles investigaciones internacionales.

"Tuvieron la oportunidad de huir de sus cargos y eso implica irse del país y como muchos acogerse en Estados Unidos, también hasta de ser testigo en estos procesos y demás hoy son las personas que se prestan al tema de la confiscación”, manifestó.

El líder universitario recordó que muchos de los funcionarios sancionados tienen familiares en Estados Unidos donde a menudo viajaban a vacacionar, pero con las sanciones, quedaron imposibilitados de ingresar a ese país.

“Cada vez las puertas de Estados Unidos para todos aquellos que querían saltar del barco se están cerrando”, finalizó.

Castigados por violar el derecho a la educación

Alexa Zamora, otra opositora al régimen Ortega Murillo, dijo que las sanciones a estos funcionarios respaldan a los nicaragüenses que buscan recuperar la democracia y restituir los derechos que el régimen Ortega-Murillo ha arrebatado al pueblo. 

La sanción impuesta por Estados Unidos a funcionarios que forman parte del engranaje que se ha encargado de secuestrar la Educación Superior en Nicaragua "es un paso súper positivo en el reconocimiento del impacto que tiene esta cooptación con respecto al derecho humano fundamental como es el derecho a la educación”, considera la opositora.

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“Estas restricciones de visa también están vinculadas a la posición del gobierno de Estados Unidos de no permitir la entrada a pues funcionarios que estén vinculados con la comisión de violación a derechos humanos y por ende es inconcebible pensar que estas personas tengan derecho a solicitar asilo en Estados Unidos dado que son perpetradores de violaciones a los derechos humanos”, detalló.

Para dirigente Enrique Martínez la identificación y sanción de los cómplices del asalto a la Eduación Universitaria es un reconocimiento que refuerza la legitimidad de la lucha cívica que inició en 2018 e impulsa a seguir exigiendo verdad, justicia y rendición de cuentas.

“Cada universidad tomada, cada estudiante encarcelado o exiliado, y cada cátedra silenciada son testimonio del costo humano de la dictadura, es un costo que hemos cargado, pero de desde distintos horizontes hemos superado como estudiantes y actores políticos más experimentados, listos para ser protagonistas del cambio libertario en Nicaragua, señaló Martínez, vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia y Avanza Nicaragua.

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La “Lista Engel», es parte de La Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte para contrarrestar la corrupción en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras.