Aprueban ley que otorga al régimen control de la banca y datos privados de usuarios

La Asamblea Nacional aprobó este jueves la iniciativa de “Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero” que garantiza al régimen de Daniel Ortega acceso a la información bancaria de cualquier persona en Nicaragua y le permitirá ejercer un mayor control sobre la banca privada del país y sus miembros. 

Esta ley integra en un solo cuerpo legal las regulaciones que rigen al Banco Central de Nicaragua y a la Superintendencia de Bancos (Siboif). Para esto se creará un Consejo Directivo con grandes alcances en sus funciones integrado por las principales fichas de la dictadura en materia económica.  

La Ley otorga a la dictadura acceso a la información bancaria de cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que se encuentre en territorio nicaragüense.

“Toda persona natural o jurídica con residencia o domicilio en el territorio nicaragüense, sea nacional o extranjera, está obligada a proporcionar al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos o a las entidades o personas designadas por estos la información económica, financiera, estadística y de carácter regulatorio que se les solicite en los formatos y plazos establecidos”, indica el artículo 24 de la ley.

En cuanto al sigilo bancario, pese a que el artículo 25 establece la obligación de los funcionarios del Banco Central y la Superintendencia de guardar confidencialidad sobre la información obtenida, "esta reserva puede ser levantada por decisión de las mismas instituciones o mediante la intervención de una autoridad legal".

Además, los altos ejecutivos de las instituciones financieras sujetas a supervisión podrán ser destituidos por decisión de la nueva entidad reguladora.

El artículo 137 establece que las autoridades podrán solicitar apoyo de las fuerzas públicas si encuentra obstáculos o resistencia en el cumplimiento de las funciones de supervisión, inspección o vigilancia a su cargo. 

Las fichas del régimen al mando

El Consejo Directivo estará integrado por el sancionado presidente del Banco Central, Ovidio Reyes; el sancionado superintendente de Bancos, Luis Ángel Montenegro; el ministro de Hacienda, Bruno Gallardo y otros cuatro miembros no ejecutivos.

El Parlamento se vio obligado a realizar un parón de sus vacaciones de fin de año para aprobar el nuevo capricho legislativo del dictador Daniel Ortega.

La iniciativa de ley fue aprobada con 91 votos a favor y cero votos en contra tras la emisión en tiempo récord de un dictamen favorable en el que no se realizó ninguna crítica o modificación de la ley.