65 mujeres y niñas han sido asesinadas en lo que va del año en Nicaragua

La violencia machista sigue cobrando vidas de manera alarmante en Nicaragua. En lo que va del año 2024, se registran 65 femicidios, según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Estos crímenes reflejan una realidad marcada por la inseguridad para las mujeres, tanto en zonas urbanas como rurales.

Además, otras 21 mujeres nicaragüenses, la mayoría migrantes, han sido asesinadas en el exterior. 

"Las cifras de femicidios no son simples números; son vidas perdidas que reflejan la falta de estrategias efectivas para proteger a las mujeres. Es urgente que el Estado tome medidas firmes y garantice justicia para las víctimas", señaló una defensora de derechos humanos consultada por DESPACHO 505.

Managua, con 13 casos, y la Costa Caribe Norte, con 14, lideran las estadísticas de femicidios en el país. De las 65 mujeres, niñas y adolescentes asesinadas, 58 vivían en áreas rurales y 28 en zonas urbanas. La mayoría de los crímenes ocurrieron en el ámbito privado (64%), confirmando que el hogar continúa siendo el lugar más inseguro para las mujeres en Nicaragua.

El informe también detalla que las principales víctimas fueron mujeres de entre 18 y 35 años, con 37 casos registrados. En 16 de los crímenes, las mujeres sufrieron violencia sexual antes de ser asesinadas, y al menos 107 niños y adolescentes han quedado huérfanos como resultado de estos actos violentos.

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“Estos niños y niñas enfrentan consecuencias psicológicas severas: estrés postraumático, problemas de sueño, trastornos alimenticios y dificultades para relacionarse. Si no reciben atención psicológica inmediata, las secuelas podrían marcar sus vidas para siempre”, advirtió la especialista.

Impunidad y silencio oficial

La falta de acceso a la información pública dificulta conocer el estatus de muchos casos. De los 65 femicidios, solo 8 agresores han sido condenados a cadena perpetua, 12 casos están en proceso judicial, 8 en denuncia policial, y en al menos 44 no se tiene información sobre el avance legal. Además, más de 12 agresores permanecen prófugos.

A pesar de estas cifras, el gobierno no ha divulgado información oficial ni adoptado medidas claras para enfrentar esta problemática. “La violencia de género sigue siendo una amenaza latente. Necesitamos estrategias concretas como campañas permanentes de educación en derechos humanos e igualdad de género, además de la aplicación estricta de la Ley 779 sin derecho a indultos”, enfatizó la defensora.

Las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos demandan políticas públicas enfocadas en la prevención, protección y justicia. “Es fundamental que las denuncias de violencia no sean minimizadas como simples conflictos de pareja. Cada caso ignorado puede convertirse en una tragedia más”, concluyó la defensora.