Estados Unidos pide pruebas y testimonios en investigación contra la dictadura: fechas claves del proceso

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos está recibiendo testimonios y pruebas de ciudadanos, empresarios, organizaciones y trabajadores de Nicaragua que puedan aportar pruebas para demostrar las violaciones a los derechos laborales, humanos y el desmantelamiento del Estado de Derecho por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El 10 de diciembre, la Oficina del Representante de Comercio anunció el inicio de una investigación que va más allá de lo comercial y podría tener como consecuencia la imposición de multas, subida de aranceles a productos de exportación nicaragüenses o suspender a Nicaragua de Tratado de Libre Comercio (Cafta).  

La Ley de Comercio de Estados Unidos autoriza al Representante Comercial de Estados Unidos a iniciar una investigación para determinar si un acto, política o práctica de un país extranjero es procesable según la Sección 301 de la Ley de Comercio.  

“Si esa determinación es afirmativa, el Representante Comercial de los Estados Unidos debe determinar qué acción tomar”, explica la entidad en su sitio web.  

Las fechas claves del proceso 

Las personas que deseen intervenir deberán proporcionar una notificación por escrito de su intención y un resumen del testimonio antes de las 11:59 del 8 de enero de 2025 a través de esta página web.  

En esta página se podrán aportar documentos públicos o confidenciales, resguardando la identidad de quien los aporte. 

“Se invita a las personas interesadas a presentar comentarios escritos o testimonios orales sobre cualquier cuestión en investigación”, instan las autoridades. 

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El Comité de la Sección 301 convocará una audiencia pública el 16 de enero de 2025, en la sala de audiencias principal de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos para escuchar los testimonios. Esa audiencia podría extenderse al día siguiente, si fuera necesario.

Los comentarios de refutación tras la audiencia podrán enviarse a más tardar el 23 de enero de 2025. 

Los ejes de la investigación 

La investigación se centrará inicialmente en las siguientes tres cuestiones básicas. En primer lugar, la evidencia que indique que el Gobierno de Nicaragua ha cometido o permitido violaciones y abusos de los derechos laborales internacionalmente reconocidos. 

Esto incluye el uso del control por parte del partido Frente Sandinista sobre importantes sindicatos para acosar e intimidar a los trabajadores; represión de la libertad sindical; eliminación del derecho de los trabajadores a organizarse y afiliarse a sindicatos independientes de su elección; confiscación de bienes y medidas para retirar la ciudadanía a miembros de organizaciones de trabajadores y de empresarios; despidos arbitrarios, arrestos y encarcelamientos de líderes sindicales clave, entre otros.  

En segundo lugar, se analizará la evidencia que indica que el Gobierno de Nicaragua ha cometido violaciones de derechos humanos contra sus ciudadanos y residentes extranjeros.  

Esta es la parte más amplia de la investigación. Aquí caben, por ejemplo, encarcelamientos políticos, arrestos, destierros, expropiaciones de bienes (incluidas propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses), y los esfuerzos para despojar arbitrariamente a los ciudadanos de su nacionalidad nicaragüense. 

En tercer lugar, analizarán la evidencia que indique que el Gobierno de Nicaragua ha desmantelado el estado de derecho. Aquí se incluye la cancelación de la personería jurídica de al menos 151 importantes cámaras empresariales, incluida la Cámara de Comercio Americana (AmCham). 

Habrá consecuencias 

El solo anuncio de una investigación contra el país por violaciones a derechos laborales, sindicales, humanos y políticos tendrá consecuencias para la economía nacional, advierte el economista Juan Sebastián Chamorro, excarcelado político y desterrado por la dictadura.  

"Esto va caminando súper rápido. Estas investigaciones son realizadas por funcionarios especializados, la secretaria de Comercio se va eventualmente el 20 de enero y ya hay una persona nominada por la nueva Administración. Muy probablemente debido al tema sensible y el país en cuestión, la Administración (Trump) va a continuar el proceso y puede llevar a varias consecuencias”, explica.  

Esas consecuencias van desde multas para Nicaragua o que se eleven los aranceles para algunos productos específicos. 

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“Estoy hablando desde el ámbito general, pero como este caso es bastante amplio muy probablemente le estén echando el ojo a una suspensión del tratado (Cafta)”, insiste.  

Este proceso motivado por las violaciones cometidas por la dictadura, dice el opositor, es una muy mala señal para la economía nicaragüense.  

“Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales y se pone en peligro por culpa de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la violación de estos derechos”, concluye.