La dictadura Ortega-Murillo ha aniquilado los derechos humanos en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha llevado a Nicaragua a un grave retroceso en materia de derechos humanos. El país llega al 76.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con 76 presos políticos, cientos de ciudadanos desnacionalizados, miles de exiliados y numerosas violaciones a los derechos fundamentales.

Este martes 10 de diciembre se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos que busca la libertad y la igualdad protegiendo los derechos de todas las personas en el mundo; sin embargo, en Nicaragua han sido irrespetados casi todos sus artículos, según exponen defensores de derechos humanos.

El abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señala que el régimen Ortega-Murillo ha hecho retroceder al país “hasta la antigüedad” en materia de derechos humanos y que “casi la totalidad de los 30 artículos” de la Declaración Universal “han sido gravemente irrespetados”.

“Por eso este 76 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos tenemos mucho más motivos para reivindicar los derechos de todo un pueblo a la libertad, a la justicia, a vivir en paz, a no ser irrespetado, por el contrario a que sus derechos sean protegidos respetados y garantizado”, expone el defensor de derechos humanos.

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Nicaragua sin voz

El experto en temas de derechos humanos Uriel Pineda sostiene que Nicaragua se encuentra en su “punto más bajo de la prevalencia de los derechos humanos, no solo en la historia reciente, sino en los últimos 70 años”, esto porque hay dos pilares fundamentales inexistentes en el país: la libertad de expresión y la imposibilidad de reconocer la existencia de una voz disidente.

“Hay un control generalizado sobre lo que la gente publica en redes sociales, pero no sólo eso, no hay un solo medio de comunicación ni escrito ni televisivo o radial que sea capaz de emitir una opinión disidente al discurso oficial, eso supone la nulidad de un ejercicio de libertad de expresión… La libertad de expresión es un vehículo que ayuda a promover, garantizar y demandar el respeto, cumplimiento y vigencia de los derechos humanos y esa condición de Nicaragua no está”, argumenta Pineda.

En Nicaragua el régimen ha absorbido el mayor número de medios de comunicación, a otros los ha amenazado obligándolos a eliminar de sus agendas informativas los temas políticos o aquellos que pongan en riesgo sus intereses, y con los que no ha podido, los ha confiscado y obligado al exilio. Una situación similar ocurre con todo aquel ciudadano que se atreva a cuestionar las arbitrariedades y violaciones del aparato represor, son acallados, apresados, expulsados del país, despojado de sus bienes y hasta de su nacionalidad.

Prisión y destierro

Este 10 de diciembre llega en un momento en el que la dictadura Ortega-Murillo mantiene detenidos y bajo condiciones inhumanas a 76 personas por razones políticas, según han denunciado organismos defensores de derechos humanos y la propia Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en una actualización sobre la crisis en Nicaragua publicada este lunes 9 de diciembre.

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Estas mismas organizaciones llevan cuenta de al menos 546 nicaragüenses que han sido despojados de su nacionalidad desde febrero de 2023 por parte del régimen dictatorial de Nicaragua. A estos se suman centenares de exiliados, entre ellos más de 250 religiosos que han sido expulsados, desterrados o forzados al exilio mediante bloqueo migratorio, según la quinta edición de la serie de informes “Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?” de la abogada e investigadora Martha Patricia Molina.

También el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, lleva un recuento de la detención de 74 religiosos -en su mayoría sacerdotes- y excarcelado y desterrado a 63 de ellos, y al menos 35 han sido despojados de su nacionalidad.

Además, miles de nicaragüenses se han visto forzados a migrar debido a la inestabilidad política en el país, persecusión por parte del aparato represor del régimen y por razones económicas al quedarse sin empleo por el cierre de las más de 5,200 oenegés o despedidos en el Estado.

La situación de los derechos humanos en Nicaragua es tan grave que ni siquiera en contextos de guerra se cometen tales violaciones, porque según el planteamiento de Uriel Pineda existen un acuerdo mínimo de respeto como el no ataque a civiles y ciertos bienes, pero en este caso “ni siquiera hay el reconocimiento de un actor distinto al gobierno”.