La carga de exigir la pensión alimenticia: una lucha en un sistema patriarcal

En Nicaragua, muchas madres enfrentan la dura batalla de exigir la pensión alimenticia para sus hijos, un derecho fundamental protegido por el Código de Familia, pero que en la práctica está lleno de obstáculos.

Este proceso no solo es largo y agotador, sino que también evidencia la persistencia de una estructura machista y patriarcal que pone sobre las mujeres el peso de los fallos de las relaciones de pareja.

La activista feminista Maryorit Guevara describe esta situación como una forma de revictimización. “Esto responde a una estructura patriarcal donde las mujeres son culpabilizadas de todo lo malo que puede ocurrir en una relación de pareja.

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Por eso, no es de extrañarnos escuchar cómo las señalan de haber escogido mal al padre de sus hijos. Pero pocas veces, casi nunca, se le señala al padre de ser un irresponsable, abandónico y deudor alimentario”, señala Guevara.

En este contexto, las mujeres no solo deben enfrentarse a la negligencia de los padres de sus hijos, sino también a un sistema judicial y cultural que, en muchos casos, las estigmatiza. Las Comisarías y Juzgados de Familia, según Guevara, a menudo reproducen estas actitudes patriarcales, donde los jueces culpan a las madres por las omisiones de los padres.

Un ejemplo reciente de esta problemática es el caso de María Matilde Jirón, quien lucha por el cumplimiento de la pensión alimenticia para su hija de cinco años, cuyo padre, el futbolista Henry Niño, adeuda más de 4,000 dólares, correspondientes a dos años de incumplimiento.

A pesar de contar con una orden judicial de retención migratoria, el deportista salió del país, evidenciando las debilidades del sistema para garantizar la justicia en estos casos. Este escenario refleja no solo la irresponsabilidad de algunos padres, sino también las barreras legales e institucionales que enfrentan las madres en su lucha por los derechos de sus hijos.

Un sistema con avances, pero lleno de barreras

El Código de Familia de Nicaragua establece que tanto madres como padres tienen la responsabilidad compartida de garantizar la manutención de sus hijos. Sin embargo, como apunta Guevara, esta igualdad teórica no se refleja en la práctica.

Muchas mujeres tienen empleos precarios o trabajan en la informalidad, lo que hace que asumir una responsabilidad económica "salomónica" de 50/50 no sea coherente.

Además, los procesos legales suelen ser desgastantes y exponer a las mujeres a nuevas formas de violencia institucional. Estas incluyen retrasos en los juzgados, falta de apoyo en las Comisarías y un entorno generalizado que desalienta la denuncia.

Esta realidad provoca que muchas mujeres desistan de su derecho a reclamar una pensión alimenticia, perpetuando así la irresponsabilidad paterna.

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Leyes que protegen a madres e hijos

En Nicaragua, la Ley 870 del Código de Familia reconoce el derecho de los hijos a recibir manutención y establece procedimientos legales para garantizar este derecho.

La pensión alimenticia es un mecanismo fundamental para asegurar la calidad de vida de los menores, y el incumplimiento de este deber puede derivar en sanciones legales, incluyendo procesos penales por omisión de alimentos. 

Una abogada contactada por DESPACHO 505 declaró que "más allá de elevar las pensiones, el Estado lo que tiene que hacer es aplicar con mayor rigor las leyes, y el hecho de que esas pensiones sean cumplidas".

"Otra cosa que podría hacer el estado, en caso de que el varón en cuestión no quiera asumir su responsabilidad, se le puede aplicar un embargo preventivo, o también un embargo de salario, porque la mayoría de gente al día de hoy cotiza en el INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social), y te pagan con una tarjeta, incluso en las mismas zonas francas te pagan con una tarjeta, entonces el Ministerio de la Familia o en este caso también los Juzgados Civiles, están en plena facultad de solicitar un embargo del salario, y así la mamá puede retirar el dinero en el lugar en el que corresponda que le paguen al ciudadano", afirmó.

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Además, el país cuenta con leyes que protegen a las mujeres de la violencia, como la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Aunque esta norma no está específicamente enfocada en la pensión alimenticia, busca garantizar que las mujeres puedan vivir libres de violencia, incluyendo la violencia económica.

El rol de la sociedad y las familias

Guevara subraya la importancia de que las familias respalden a las mujeres en esta lucha, reconociendo que la responsabilidad de criar hijos e hijas no debe recaer únicamente en las madres. "El trabajo de la familia como primer vínculo de amor es acuerpar a esas mujeres que están dando un paso importante por los derechos de sus hijos e hijas", afirma la activista.

Esta problemática pone de manifiesto la necesidad de seguir transformando las estructuras sociales y culturales que perpetúan la desigualdad de género. Es fundamental que la sociedad no solo exija mejores sistemas de justicia, sino que también cuestione las narrativas que culpabilizan a las mujeres por la irresponsabilidad de los hombres.