Aprueban el Presupuesto General de la República de 2025 que premia a represores
En el Presupuesto 2025, la dictadura aumentó las partidas a la Policía, el Ejército y el Ministerio del Interior, claves en la represión en Nicaragua.
La Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, aprobó este martes de manera “unánime” la Ley Anual del Presupuesto General de la República 2025 que incrementa las partidas para la Policía, el Ejército y el Ministerio del Interior, instituciones que han sido claves en la represión en Nicaragua.
El Presupuesto General de la República (PGR) cuenta con ingresos de 158 mil 730.4 millones de córdobas frente a un gasto de 154 mil 026.1 millones de córdobas, lo que muestra un superávit o excedente de 4 mil 704.3 millones y después de donaciones externas de 5 mil 754 millones de córdobas.
De los 154 mil 026.1 millones de córdobas de gastos, 9,291.3 millones de córdobas han sido destinados a la Policía y el Ejército, que refleja un incremento presupuestario de 826,6 millones de córdobas para ambas instituciones en comparación a lo destinado en el Presupuesto General de la República de 2024. Además asigna 1,934.7 millones de córdobas al Ministerio del Interior, es decir, que el control ciudadano y la represión le costará a los nicaragüenses 11,202 millones de córdobas, más los ingresos que perciban producto de las incautaciones al narcotráfico y al crimen organizado.
Durante la sesión plenaria, el diputado sandinista y presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, Wálmaro Gutiérrez, dijo que “no hay ni un solo sector que atienda el Presupuesto General de la República que no sea efectivamente cubierto con suficientes recursos para avanzar en el combate a la pobreza y la pobreza extrema”.
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Sin embargo, el dictador Daniel Ortega ha ordenado que se destinen 11,364.1 millones de córdobas del Presupuesto 2025 para abonar a los más de 10,414.2 millones de dólares (381,412.7 millones de córdobas) que acumula Nicaragua en concepto de deuda pública total. A esto hay que sumar las amortizaciones (el pago de principal) que elevarían el monto a 34,000 millones de córdobas, lo que limita la capacidad de alcance en los programas sociales.
Además, para poder lograr ese superávit del que alardea el oficialismo, tuvieron que reducir gastos y centenares de nicaragüenses se quedaron sin empleo con el cierre del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), el Instituto Nacional Forestal (Inafor) y el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca) que ya no aparece en el presupuesto del próximo año.
Ortega prioriza la represión
Analistas han explicado a DESPACHO 505 que en el presupuesto de 2025, el dictador Daniel Ortega priorizó la represión por encima de la educación, además desapareció los proyectos de apoyo a la producción y a la población vulnerable con la eliminación del Mefcca y pretende seguir endeudando al país con China.
El PGR “es una herramienta poderosa para que las y los inversionistas nacionales y extranjeros continúen observando a Nicaragua como una de las plataformas más atractivas para la capacitación de inversiones, para hacer negocios, empresas y para generar empleo”, expresó el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez este martes en el plenario y agregó que “existen intenciones de sectores externos de manipular la información, de mentir a la opinión pública tanto nacional como internacional”.
Pero es el mismo régimen el que se ha encargado de ahuyentar la inversión con las confiscaciones y la falta de seguridad jurídica y de derechos a la propiedad privada. En la misma intervención Gutiérrez mencionó los resultados de la misión del Fondo Monetario Internacional que recientemente visitó Nicaragua, el diputado sandinista solo se refirió a los aspectos positivos y obvió los señalamientos de que las acciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “podrían afectar las decisiones de inversión”.
La misión técnica del organismo financiero internacional recomendó a la dictadura “fortalecer el Estado de derecho de forma significativa, salvaguardar la independencia judicial para apoyar la confianza inversionista”, entre otras recomendaciones.
El Presupuesto fue aprobado antes de vencerse el plazo el 15 de diciembre. Su vigencia inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de 2025.
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