25N | Seis años de silencio forzado: las mujeres en Nicaragua entre la violencia machista y la persecución estatal

Las mujeres nicaragüenses siguen siendo vulnerables a la violencia, pese a que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intente demostrar lo contrario, los femicidios y embarazos en menores se encuentran entre los problemas más graves que las afectan.

En Nicaragua existe un retroceso en el tema de los derechos de las mujeres, pese a que el régimen diga lo contrario, ya que no pueden reclamar por sus derechos en las calles. En los últimos siete años 467 de ellas han sido víctimas de femicidio y según datos de organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, cinco niñas menores de 14 años dan a luz cada día, lo que deja en evidencia la falta de interés de las instituciones estatales sobre esta problemática.

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y tal como pasa con la celebración del Día de la Mujer (8 de marzo), en Nicaragua no pueden salir a las calles o realizar cualquier tipo de actividad en reclamo a sus derechos, pues corren el riesgo de ser remprimidas o encarceladas por parte del aparato represor del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que no permite ningún tipo de manifestación.

La última vez que las mujeres salieron a las calles en Nicaragua para reclamar sus derechos fue el 8 de marzo de 2018, unas semanas antes del estallido social de abril que fue reprimido brutalmente por la dictadura, desde entonces no se permiten las manifestaciones en el país.

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Pese a la brutal represión, el 8 de marzo de 2021 las mujeres protestaron dentro de las instalaciones de la entonces Universidad Centroamericana (UCA), ahora confiscada y convertida en la Universidad Casimiro Sotelo. En los últimos años en Nicaragua priva el silencio, ya nadie se atreve a reclamar por sus derechos y menos si se es mujer. Sin embargo, desde el 2015 el régimen comenzó a enviar turbas y policías a las manifestaciones para agredir e insultar a las mujeres.

Situación de las mujeres es de “mucha vulnerabilidad”

La socióloga y feminista María Teresa Blandón expone desde su exilio forzado, que la situación del las mujeres en Nicaragua es precaria, de incertidumbre y “mucha vulnerabilidad” porque el Estado nunca ha colocado el tema en el centro de sus intereses y tampoco ha sido capaz de elaborar y promover estrategias que permitan prevenir la violencia hacia ellas.

“La violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, pero también la violencia femicida, esta que asesina a mujeres y niñas, pues está la orden del día, aunque los datos oficiales intenten ocultarlo, incluso algunos temas como el abuso sexual, la violación o las relaciones no consentidas entre hombres adultos y niñas”, explica Blandón.

Según la feminista, una de las evidencias claras de que el régimen tiene en desprotección a las mujeres es el hecho que “las casas maternas están llenas de niñas y adolescentes embarazadas” entre los 11 y 16 años de edad y no hay ningún una investigación sobre esos embarazos, pese a que son producto de un delito porque las relaciones y el contacto sexual con menores de edad está tipificado como tal tanto en el Código Penal como en la Ley 779, “pero el propio Estado lo ha normalizado, naturalizado y legitimado de facto”.

Durante el evento “Desafíos actuales de los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos en Nicaragua”, que se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre, Paulina Jimenez Fregoso del Centro para los Derechos Reproductivos indicó que en Nicaragua se estima que “al menos cinco niñas menores de 14 años dan a luz cada día” y que la tasa de embarazos en adolescentes “es una de las más altas de América Latina, con un 24.6 % de madres menores de 18 años”.

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En ese mismo evento que fue paralelo a los preparativos para el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua, la defensora nicaragüense y activista feminista Ana Quirós denunció que en lo que ha transcurrido del 2024 se han registrado 64 femicidios y 158 intentos de femicidio, “y sobre esto nadie está hablando”.

Según recuentos de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, desde 2018 hasta lo que va de 2024 unas 467 nicaragüenses han sido víctimas de femicidio.

Femicidios por año:

2018: 57 víctimas de femicidio.
2019: 63, seis más que el año anterior.
2020: 71, ocho más que en 2019.
2021: 71, igual que el año anterior.
2022: 68, tres menos que en 2021.
2023: 73, cinco más que en 2022. De estos 21 ocurrieron en el extranjero y 52 dentro del país.
2024: 64 en lo que va del año, de estos 53 han ocurrido en Nicaragua.

El femicidio más reciente es el de María Zepeda, de 33 años, quien fue encontrada desnuda y con evidencias de violencia en su cuerpo en un callejón del barrio El Aeropuerto de Bilwi, Puerto Cabezas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, exactamente a unos 50 metros de las oficinas de la delegación regional del Consejo Supremo Electoral (CSE).

No hay garantías de que se detenga a los agresores

María Teresa Blandón resalta que hay muchos casos de violencia que no se denuncian porque el acudir ante las autoridades no es una garantía de que las víctimas vayan a recibir el apoyo adecuado y que detengan a los agresores, esto aunque el régimen asegure que protegen a las mujeres a través de la entrega de cartillas, charlas y conversatorios.

“Sus casos no van a prosperar, en otros las han obligado a mediar, hay algunos en que ni siquiera reportan las denuncias que hacen las mujeres, de tal manera que estamos ante un vacío de acción estatal para poder atender esta problemática”, apunta la socióloga.

El 22 de junio de 2012 fue aprobada la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) con la que se pretendía protegerlas y castigar a los agresores, pero desde entonces la normativa ha tenido tres reformas que la alejan de cumplir su propósito, ahora solo se califica como femicida al hombre que asesina a su pareja y se permite la medición en casos “menos graves”, cuando antes no había excepción.

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Además, en 2015 el régimen cerró las Comisarías de la Mujer y luego se vio obligado a reabrirlas en medio de las crecientes violaciones contra las mujeres. Desde 2018 emprendió una cacería contra las organizaciones no gubernamentales, entre estas unas 300 que apoyaban y brindaban acompañamiento a las mujeres, las cerró y les confiscó sus bienes. También obligó el exilio de líderes y activistas feministas que temieron ser encarceladas o males peores.

“Las víctimas de violencia no tienen donde acudir para tener asesoría jurídica de calidad, apoyo psicológico e incluso económico porque muchas veces son mujeres pobres, no tienen dinero ni para pagar el pasaje, un plato de comida o un cuarto donde puedan ponerse a resguardo, entonces el nivel de vulnerabilidad efectivamente se se incrementa y claro, esta es la intención del régimen al haber cerrado alrededor de 300 organizaciones de mujeres”, pormenoriza Blandón.

La socióloga sostiene que “no es cierto que el régimen tenga una estrategia o una política pública clara” para atender el problema de la violencia contra las mujeres y que las víctimas están en un “mayor nivel de precariedad”.