La dictadura despliega su aparato represor para silenciar a los artistas

Los artistas Nieves Martínez, Dagoberto Palacios Fuentes y Juan Pablo Rosales fueron secuestrados por la Policía y desterrados de Nicaragua. No hay en su contra ningún cargo delictivo que justifique tan grave acción, pero es un método de castigo implantado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que ya no soprende y que patria adentro nadie reclama.

La desaparición y posterior detención de los artistas no ha sido oficialmente confirmada. Cercanos a ellos han filtrado la información y en las redes sociales se replican las expresiones de reproche. No son los primeros talentos en ser alcanzados por la mano represiva del régimen instaurado en el país: cantantes, músicos, escritores, artistas plásticos, dibujantes, bailarines, de distintas generaciones les han precedido. 

El desgrane de la cantera de talentos nicaragüenses lo retrata  el informe Ecos de Libertad - El arte como voz de resistencia en Nicaragua de la Iniciativa de Libertad Artística (AFI, por sus siglas en inglés) y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). La persecución comenzó en 2018, con las manifestaciones antigubernamentales que Ortega y Murillo reprimeron con fuerza letal, frenta a lo que los artistas no fueron indiferentes y con su voz, su pluma y su talento se sumaron a la exigencia de libertad que costó más 300 vidas y el secuestro del poder.

Amenazas, cárcel, exilio, destierro, despojo de nacionalidad son métodos represivos que afectan al talento nicaragüense, denuncia el informe que, además identifica la utilización de leyes represivas para silenciar a los artistas.

El informe basado en entrevistas a 13 artistas y trabajadores culturales, revela la “feroz campaña” de represión del régimen Ortega-Murillo contra artistas y trabajadores culturales en Nicaragua, y expone la violencia, la vigilancia, y el exilio forzado que enfrentan quienes alzan su voz por la libertad.

Un trabajador cultural citado en el documento comentó que en 2018, durante la escalada de violencia ejercida por el régimen y los grupos progubernamentales contra los manifestantes, obligó a muchas organizaciones culturales a cancelar sus proyectos y eventos. Luego empezó la persecución.

“A mi colega y a mí, una vez nos persiguieron en motocicleta por la ciudad… Afuera de la sede de la organización había paramilitares, había guardias siempre vigilando”, relata una activista feminista, actriz y dramaturga en el informe de la AFI y CADAL.

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Además de este tipo de persecución, varios artistas fueron víctimas de pintas en sus casas con la palabra “plomo” que el régimen ha utilizado para causar terror entre la población.

“Un día en la noche, los perros del vecino comenzaron a ladrar entonces vine y yo me arrimé por la ventana a la calle para ver qué onda y mire un tipo que estaba con una capucha, o sea, así como con una gorra y arrodillado en el muro de mi casa. Entonces, enciendo las luces del porche y todo eso y el tipo sale corriendo. Al día siguiente, enfrente de mi casa en el muro había escrito la palabra ‘plomo’, ya que no estaba cuando yo salí en la noche a verlo entonces yo digo: ‘¡mi pobre vecino tuvo su casa marcada por error!’”, narró el caricaturista nicaragüense Pedro X Molina, ahora en el exilio.

Artistas “silenciados” por leyes represivas

Ecos de Libertad también señala que la dictadura orteguista “ha utilizado leyes con el pretexto de proteger el orden público y la seguridad nacional para silenciar a los artistas y movimientos culturales disidentes”. Entre estas están Ley Especial Ciberdelitos (N.º 1042), Ley de la Cinemateca Nacional (N.º 1132), la Ley N.º 1055 que le da potestad al judicial declarar como traidor a la patria a cualquier nicaragüense, entre otras.

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“Nosotros hemos contabilizado en total alrededor de [...] 17 leyes represivas entre leyes y reformas, pero quizás una de las más importantes ha sido la Ley N.º 1055, que es conocida como Ley de traidores a la patria [...]. Es una ley de un solo artículo que le da potestad al judicial para declararte como traidor a la patria, que es lo que han estado haciendo desde el 2021”, expone en el informe el abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Sobre las recientes leyes aprobadas, el documento afirma que “están mal redactadas, o se hacen en virtud de un fin legítimo y son totalmente desproporcionadas con respecto al supuesto objetivo de la ley”.

En las oleadas migratorias de los últimos años también salieron artistas y trabajadores culturales nicaragüenses perseguidos por la dictadura, entre ellos menciona a los cantautores Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, que en agosto de 2018 abandonaron el país y tuvieron que exiliarse en Costa Rica luego de ser advertidos de que podrían ser blanco del régimen.

La AFI y CADAL animan “encarecidamente” a la comunidad internacional a dirigir su atención a los artistas y trabajadores culturales nicaragüenses en el exilio y establecer medidas de protección que garanticen el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.