La dictadura no perdona ni a sus leales, Nicaragua entra en una fase de represión más crítica

La situación de represión en Nicaragua está entrando en una fase “más crítica” en la que ni los altos funcionarios públicos se escapan de la mano dura del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El aparato represor ya no recurre a las detenciones masivas, ahora utiliza “tácticas menos evidentes” para controlar a la población: amenazas, vigilancia, control de firmas periódicas, confiscación de bienes y hasta presiones laborales, advierte en su más reciente informe el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas.

Según el organismo el régimen “ha intensificado la autocensura en la sociedad nicaragüense” a través de la aprobación de leyes que amplían la vigilancia de las telecomunicaciones, así como incidentes represivos de los que no se escapan ni los simpatizantes ni funcionarios de gobierno. Explica que estas “tácticas” no resultan necesariamente en encarcelamiento y así el régimen evita el crecimiento de la cifra oficial de personas presas políticas, pero no por ello dejan de ser restrictivas.

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Buscan “sofocar” cualquier disidencia

En cuanto a las agresiones y detenciones arbitrarias a funcionarios públicos y simpatizantes del partido rojinegro, el organismo indica que responden a motivaciones políticas y no a un sistema de justicia imparcial porque también son detenidos “sin garantías procesales y sin un juicio justo”. Agrega que la dictadura utiliza el encarcelamiento como medio para sofocar cualquier posible disidencia, incluso dentro de los propios círculos cercanos, lo que acaba generando “un ambiente de inseguridad y desprotección generalizada”.

“Este contexto refleja que Nicaragua está entrando en una fase de represión aún más crítica, en la que nadie está a salvo de ser víctima de un sistema judicial que actúa bajo intereses políticos en lugar de servir a la justicia. Esta situación impacta a todos los sectores de la sociedad, independientemente de su afinidad política, generando un ambiente de inseguridad y desprotección”, señala el Mecanismo en la nota de prensa.

Sobre la situación de la Iglesia católica mencionan la cancelación de procesiones religiosas y el exilio de otro sacerdote por temor a represalias, lo que deja en evidencia el control del Estado sobre las manifestaciones religiosas, que han sido una de las pocas vías de expresión colectiva que aún persisten en el país.

Actualmente la dictadura orteguista mantiene presos a 46 personas por razones políticas, de las cuales 12 se encuentran en condición de desaparición forzada. El último en esta lista es el coronel retirado del Ejército Víctor Boitano Coleman, detenido hace seis meses en su casa en Managua y desde entonces ni su familia sabe de su paradero.