El GHREN señala a la dictadura de “eliminar” la libertad académica y la autonomía universitaria

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) recoge en un informe las violaciones de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la libertad académica y la autonomía universitaria, y alerta sobre las actividades de proselitismo político en los centros educativos del país.

En el informe sobre las Violaciones y abusos de los derechos humanos a la educación señalan que estas violaciones y abusos “forman parte de una arremetida más amplia del Gobierno contra las universidades y su autonomía”, y que refleja la intención del régimen por controlar cualquier espacio que permita formular críticas y liderar resistencia, protesta o disidencia de manera autónoma.

Ante la falta de instituciones independientes a nivel universitario, el GHREN concluye que la dictadura orteguista “ha eliminado la autonomía universitaria y la libertad académica” y destacan el desmantelamiento de la autonomía universitaria y el cierre de universidades.

Según el recuento del GHREN, entre diciembre de 2021 y febrero de 2024, el régimen había cancelado la personalidad jurídica de al menos 37 universidades e instituciones de educación superior, nacionales e internacionales y laicas y religiosas.

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“La cancelación arbitraria y masiva de la personalidad jurídica de la mayoría de las universidades privadas en Nicaragua constituyó una herramienta y un patrón de represión y control destinada a acallar las voces, el pensamiento y el debate críticos de los y las estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario”, denuncian en el documento.

Estas cancelaciones “fueron llevados a cabo por motivos políticos” y constituyen una violación a la autonomía universitaria y el derecho de los estudiantes a la educación, consagrados en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además la dictadura ha violado de manera sistemática los derechos de los estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario, principalmente los que tienen que ver con la libertad de conciencia y pensamiento, la libertad de opinión y expresión y la libertad de asociación.

El objetivo es “silenciar” a los estudiantes

Según el informe, estas violaciones fueron cometidas con la finalidad de “acabar” con las instituciones académicas autónomas que pudieran generar “opiniones o movilizaciones críticas”, así cómo “silenciar la comunidad académica y los movimientos estudiantiles” que han jugado el principal rol en las protestas antigubernamentales.

Entre otras violaciones destacan las expulsiones de estudiantes de las universidades públicas con la finalidad de “silenciar a las voces críticas” al régimen y castigarlos por haber ejercido sus derechos a la libertad de opinión y expresión, la libertad de pensamiento y de reunión pacífica. Mencionan la expulsión de al menos 110 estudiantes (71 hombres y 39 mujeres) de los diferentes recintos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

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Señalan el proselitismo y control político dentro de las universidades, la imposibilidad a los estudiantes expulsados de obtener títulos, apostillados o de continuar sus estudios porque existe una “negativa arbitraria a la expedición de títulos y expedientes académicos”.

También hacen mención de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), que fue cancelada y confiscada por la dictadura para luego establecer una nueva alma máter pública con el nombre de Casimiro Sotelo Montenegro.

Además, el informe destaca las violaciones al derecho al trabajo a los docentes y personal de las universidades confiscadas que quedaron sin empleo, así como abusos de los derechos a la libertad de opinión y expresión, de reunión pacífica, a la libertad de asociación, de participación en los asuntos públicos y a la honra y la no injerencia en la vida privada.

“Las actividades de proselitismo político, relacionadas al partido de gobierno de Daniel Ortega, constituyen una clara violación a la libertad académica y la autonomía universitaria, violentando los Principios Interamericanos Libertad Académica aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, publico en su cuenta de X la organización Aula Abierta.