El régimen oculta “graves” violaciones a los derechos humanos en el informe presentado en la ONU

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe en el que describe una realidad paralela a lo que verdaderamente ocurre en el país. 

Previo a la cuarta ronda del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, que se realizará el próximo 13 noviembre de 2024, el régimen presentó un informe en el que tratan de mostrar un país en el que se garantiza el respeto a los derechos humanos, de indígenas y medio ambiente, además de la libertad, la pluralidad de medios de comunicación, elecciones democráticas, seguridad ciudadana, entre otros.

Para Olga Valle, directora del observatorio ciudadano Urnas Abiertas, este informe no refleja “en absoluto” la situación de Nicaragua y más bien “describe una realidad paralela” que oculta “graves” violaciones a los derechos humanos.

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que evalúa los derechos humanos de los Estados miembros durante un ciclo de 4.5 años, en esta ocasión corresponde al período 2019-2014, en el que según Olga Valle el régimen presenta “información falsa”.

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“Particularmente entre 2019 y 2024 brinda información falsa e imprecisa sobre temas relevantes como derechos económicos, laborales, de las mujeres, de pueblos indígenas, el agua y otras libertades fundamentales”, denuncia la directora de Urnas Abiertas.

Rechazan informe

Quienes también muestran su rechazo por este informe presentado por el régimen, son los miembros del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. El abogado Salvador Marenco manifiesta que este documento carece de fundamentos y está alejado de la realidad.

“En el informe mencionan algunas disposiciones en materia de educación cuando han cerrado organizaciones defensoras de derechos humanos, de promoción social, universidades y centros educativos”, recordó Marenco.

El abogado recalca que desde 2018 hasta la fecha la dictadura orteguista ha cerrado más de 5,600 organizaciones no gubernamentales (oenegés), entre las que se encontraban muchas de las que trabajaban con población vulnerable, lo que entra en una “contradicción bastante fuerte” con el informe que presentaron en la ONU. Dicha contrariedad se acentúa principalmente en temas de libertad de educación y de expresión.

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“En Nicaragua hay un Estado policial de facto y la suspensión básicamente de todos los derechos de la ciudadanía, no se vive en una convivencia armoniosa, sino todo lo contrario se vive un estado de terror permanente”, continúa el abogado del Colectivo.

Nicaragua no cumple con las recomendaciones

Olga Valle recuerda que en el 42 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos del la ONU que se llevó a cabo en septiembre de 2019 y en el que se abordó el EPU, Nicaragua recibió 259 recomendaciones para que mejorara la situación de derechos humanos, tras la grave crisis que enfrenta desde abril de 2018; sin embargo, 124 de estas fueron rechazadas y de las otras no se dio respuesta.

“En teoría, el Estado de Nicaragua tenía que dar respuesta a las recomendaciones que formularon los Estados miembros de la ONU y que fueron aceptadas por Nicaragua, pero en realidad no hay ningún avance significativo en cuanto a esas recomendaciones y el informe nacional es un documento propagandístico” puntualiza Valle.

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El 27 de agosto de este 2024, en el marco del tercer ciclo del EPU, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más pidió a los Estados miembros de la ONU “exijan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, investigar los crímenes de lesa humanidad”, así como los cometidos contra defensores de derechos humanos, periodistas y religiosos, además de la restauración de las libertades.

La directora de Urnas Abiertas explica que el EPU permite visibilizar lo que sigue pasando en el país y es uno de los medios por los que se pueden hacer llegar al régimen las demandas de la sociedad civil, de organismos internacionales de Derechos Humanos y de otros Estados porque es de los pocos mecanismos donde continúa participando.

“Las recomendaciones formuladas por los Estados son eco de la misma situación política nicaragüense, que da cuenta de las violaciones a los derechos humanos. A futuro permite tener documentos validados desde la ONU en la cual el Estado de Nicaragua asume compromisos y con ello, sentar base de la justicia en un futuro”, enfatiza Valle.