Advierten sobre una “racha confiscatoria” contra quienes están fuera del país

Defensores de derechos humanos advierten sobre una “racha confiscatoria” por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra quienes están fuera del país, esto luego que la Procuraduría General de la República (PGR) declarara de “utilidad pública” 35 propiedades en Managua sin dar detalles de la ubicación y sus dueños.

El miércoles 16 de octubre la PGR ordenó la confiscación de estas propiedades con el argumento de que se encontraban abandonadas y podrían ser utilizadas para "perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana".

Para el abogado Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, esta expropiación anunciada por la PGR es una “verdadera confiscación”, una arbitrariedad que el régimen realiza a personas a las que les ha despojado de su nacionalidad y a las más de 5,300 organizaciones no gubernamentales canceladas.

“Inicia posiblemente una racha contra miles de personas que están fuera del país y que probablemente sus propiedades, por supuesto al no estar, pueden considerar como en el pasado, considerarlas en ausencia y entonces se establece la posibilidad de iniciar un nuevo patrón, una nueva etapa que está dirigida a seguir despojando los bienes de los nicaragüenses obtenidos legítimamente y que constituirían en la práctica un verdadero robo”, alega Carrión.

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El abogado señala que estas acciones de parte del régimen a través de la Procuraduría, convierten a la procuradora Wendy Morales en la “gran confiscadora, ejecutora y perpetradora en nombre de la tiranía Ortega-Murillo”.

Confiscaciones se realizan en silencio desde 2018

Pero estas confiscaciones no son nada nuevo, según Jazmín Sánchez, abogada del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) estas se han venido realizando de manera discreta desde 2018.

“Estás confiscaciones las han estado haciendo desde que la gente empezó a huir en el 2018 y dejaba abandonada sus propiedades, estas fueron confiscadas de manera discreta y están en manos de algunos miembros del gobierno y sus allegados, pero ahora ya lo hacen de una manera más abierta”, expone Sánchez.

A criterio de la abogada, Nicaragua vive un “estado de excepción” en el que se deja a los nicaragüenses en la indefensión y los lleva al empobrecimiento e inseguridad. Un país en el que “nada se respeta”.

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Violación la Constitución

Ambos defensores de derechos humanos coinciden en que estas confiscaciones disfrazadas de “expropiaciones” o declaraciones de “utilidad pública” son violatorias a la legislación nacional, pues el artículo 45 de la Constitución Política las prohíbe.

“El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua establece una expresa prohibición de confiscación de los bienes propiedades de la población nicaragüense con una excepción que es expropiación por razones de utilidad pública o razones sociales con una previa y justa indemnización, lo cual acarrea la realización de esa aplicación con un procedimiento donde las personas afectadas son parte o deben ser parte con todos los derechos y garantía”, explica Gonzalo Carrión.

Jazmín Sánchez señala que el régimen Ortega-Murillo está retrayendo al pueblo nicaragüense a los procesos confiscatorios de los años ochenta y que al no dar detalles de los dueños y lugares específicos donde se encuentran las propiedades confiscadas, se desconoce si estas pertenecían a los 452 personas desnacionalizadas o eran parte de los opositores.