Más confiscaciones: la PGR declara de utilidad pública ocho lotes en Masaya

La Procuraduría General de la República (PGR) declaró de “utilidad pública” ocho lotes de terreno ubicados en el municipio de Nindirí en Masaya para el desarrollo e implementación de un proyecto de abastecimiento de agua.

De las ocho fincas expropiadas, cinco sufrirán afectaciones totales y tres de manera parcial. El total expropiado es de 1,223,527.66 metros cuadrados (m²).

La primera propiedad declarada de utilidad pública es una finca con 73,574.74 m², que está ubicada específicamente en el kilómetro 41 de la carretera Masaya - Tipitapa, al lado oeste, en la comarca Los Altos.

Sobre la segunda finca expropiada la PGR no especifica en qué zona de Nindirí está ubicada, solo indica que se trata de una propiedad de 56,400 m².

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El tercer lote expropiado comprende un área de 234,842.91 m² y está ubicada de la Granja Porcina La Enana 437 metros al sur.

La cuarta propiedad es un área de 105,751.8 m², ubicada de la entrada a Bodegas de la Cervecera Nicaragüense, 263 metros al sur.

El quinto lote declarado de utilidad pública en su totalidad está ubicado en el kilómetro 27½ carretera a Masaya 500 metros al norte, en la comarca Los Altos y comprende un área de 66,976.68 m².

Las tres propiedades con afectaciones parciales

Las otras tres propiedades que sufrirán afectaciones parciales son una finca ubicada en la misma comarca Los Altos, a esta le expropiaron un espacio de 150,580.78 m²; también 511,783.94 m² de otra propiedad situada en el kilómetro 27/½ carretera a Masaya-Tipitapa; y la última es un área de 23,643.81 m² de esa misma zona.

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“Todo lo relacionado a la adquisición de los derechos reales, y demás derechos afectados que se deriven de la presente declaratoria de utilidad pública, se establecen a favor del Estado de la República de Nicaragua”, se lee en el Acuerdo Administrativo número 39-2024, publicado este jueves en La Gaceta - Diario Oficial.

En el acuerdo también se nombra como “unidad ejecutora” a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), “que desarrollará e implementará el Proyecto”.

La PGR hace referencia al artículo 8 de la Ley de Expropiaciones en el que se establece que los propietarios o poseedores de los predios expropiados total o parcialmente “estarán obligados a permitir a los funcionarios o empleados de la entidad o personas encargada de la construcción, la realización de los trabajos preliminares para la obtención de datos necesarios previos a la expropiación”.

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La institución a cargo del sancionada Wendy Morales ordenó prevenir a los propietarios y poseedores de los bienes afectados, “que brinden las condiciones necesarias a los funcionarios de la unidad ejecutora (Enacal) en la realización de su labor”. Asimismo dio la orden para que se libre la certificación para los fines de ley.

El acuerdo está fechado el martes 15 de octubre, pero surte efecto hasta este jueves 17 tras su publicación en el Diario Oficial.

Esta es la segunda expropiación que la PGR ordena en esta semana. Ayer declaró de “utilidad pública” 35 propiedades en Managua con el argumento de que estaban “abandonadas” y que podrían ser utilizadas para “perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana”, pero no dio detalles de la ubicación de estas y los nombres de los propietarios.