La CIDH otorga medidas cautelares a favor del militar retirado Eddie González, preso político del régimen Ortega-Murillo

El mayor en retiro del Ejército de Nicaragua está en una “situación de gravedad y urgencia” por la vulneración de sus derechos humanos en la cárcel, lo que compromete su propia vida, advierte la CIDH

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Fotografía de archivo del militar retirado Eddie González
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Despacho 505
  • octubre 08, 2024
  • 06:21 AM

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de Eddie Moisés González Valdivia, el mayor retirado del Ejército de Nicaragua que fue encarcelado tras denunciar el secuestro exprés y destierro de su hermana, la periodista Nohelia González Valdivia, y protagonizar una refriega con oficiales de Policía. 

González Valdivia, militar retirado, catedrático universitario y consultor de empresas en la ciudad de Estelí de 65 años, está en una “situación de gravedad y urgencia” por la vulneración de sus derechos humanos en la cárcel, lo que compromete su propia vida, advierte la CIDH en la Resolución 68/2024. 

Tras su arresto el 14 de julio de 2024, González Valdivia fue trasladado herido a un hospital público de Estelí y, luego, recluido en el Centro Penitenciario Jorge Navarro "La Modelo", donde ha permanecido “incomunicado, y sin conocerse sobre su estado de salud y estado de detención”. 

De acuerdo con el análisis de la Comisión,el preso político corre el riesgo de sufrir daños irreparables a sus derechos a  la vida, la integridad personal y salud, mientras permanece detenido en condiciones de incomunicación y con restricciones al acceso a una defensa adecuada.

La Fiscalía acusó a González Valdivia del delito de homicidio en grado de frustración en concurso ideal de los delitos de fabricación o tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos, uso indebido de emblemas, uniformes o pertrechos del Ejército de Nicaragua, daños y obstrucción de funciones agravado. 

Incomunicado y sin derecho a defensa

DESPACHO 505 informó que la acusación penal contra González Valdivia se ha tramitado de manera sigilosa en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencias de Estelí a cargo de la jueza Alma Irías Pinto, quien el pasado 5 de agosto remitió a juicio al detenido. "El proceso judicial se está ventilando en secreto y por eso  se están ocultando las actas de las audiencias así como  las notificaciones y oficios girados por los jueces", confió a este medio una fuente del Juzgado. 

La fuente reveló que el caso fue referido al Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Estelí a cargo del juez Erick Ramón Laguna Averruz, junto a la orden de  "imponer la sentencia condenatoria" al exmilitar.

La CIDH exige protección para González Valdivia

La solicitud de amparo ante la CIDH en favor de González Valdivia fue elevada por sus representantes, quienes alegaron que desde su arresto, el militar retirado ha sufrido violaciones a sus derechos. Afirmaron que, además de incomunicado, no se ha permitido el acceso a su expediente judicial, ni se le ha brindado una defensa legal efectiva.

La CIDH refiere que el Estado de Nicaragua no ofreció información que contradijera los hechos denunciados ni que demostrara que los riesgos identificados para González Valdivia hayan sido mitigados. En consecuencia, el órgano concluyó que el detenido se encuentra en una situación de “riesgo inminente” por su estado de aislamiento y falta de garantías judiciales, lo que podría resultar en una afectación aún mayor a sus derechos.

La resolución de la CIDH, emitida el 30 de agosto, exige al Estado nicaragüense la adopción de una serie de medidas urgentes para proteger los derechos de González Valdivia. Entre las acciones solicitadas destacan garantizar su acceso regular a familiares y abogados, así como proveer información oficial sobre su situación jurídica. La Comisión también solicita que se realice una evaluación médica inmediata para determinar su estado de salud y que se le otorgue la atención médica necesaria.

Además, la CIDH sugiere evaluar la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la privación de libertad. También exige que las medidas sean acordadas con el beneficiario y sus representantes, y que el Estado informe sobre las acciones tomadas para investigar los hechos que dieron origen a la adopción de la resolución y prevenir su repetición.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de promover la defensa de los derechos humanos en la región y actuar como consultora en la materia

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