Abogada Astrid Montealegre denuncia a Pablo Cuevas de prestar servicios migratorios no autorizados

La abogada especialista en asesorar a inmigrantes en Estados Unidos, Astrid Montealegre, denunció públicamente al defensor de derechos humanos Pablo Cuevas, por supuestamente brindar servicios similares a los que ella realiza, pero sin estar autorizados por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

En declaraciones al medio 100% Noticias, Montealegre indicó que ha recibido al menos 20 denuncias de personas que señalan a Cuevas de no haber presentado correctamente sus documentaciones ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), lo que ha provocado órdenes de deportación y también deportaciones consumadas.

La abogada añadió que Cuevas cobra más de lo que normalmente valen los servicios prestados.

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Cuevas se declara ajeno a las denuncias

Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH) en Miami, Florida, se declaró totalmente ajeno a los señalamientos. "No he recibido notificaciones de denuncias en mi contra, ni nadie me ha reclamado", indicó.

Sin embargo, Cuevas admitió que en la DNDH tienen alianzas con "preparadores de formularios" y a través de ellos es que prestan los servicios de asesoría a inmigrantes, pero no es él ni el organismo que dirige los que prestan los servicios de preparar formularios para solicitudes de asilo o de permiso de trabajo.

Cuevas manifestó que Astrid Montealegre lo llamó hace varias semanas para decirle que había denuncias contra él y también le hizo preguntas. "Me llamó para hacerme señalamientos", dijo el defensor de derechos humanos.

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Una "guerra abierta"

Tratando de encontrar el motivo por el que es señalado, Cuevas recordó que un tiktoker, a quien él ayudó en su momento, después se fue de la DNDH y anduvo prestando servicios de preparación de formularios, pero luego la gente llamaba a Cuevas hablando de que el tiktoker los había "estafado"

Finalmente, Cuevas considera que la acusación podría también porque existe una "guerra abierta" entre abogados de inmigración y preparadores de formularios, porque estos últimos cobran menos por los servicios prestados.