La Corte-IDH examinará el asesinato de Ángel Gahona y la muerte del preso político Santos Flores

Santos Flores, era un abogado y notario que fue encarcelado por denunciar al dictador Daniel Ortega de abusar de su hermana de 15 años, con quien habría procreado una hija.

La CIDH elevó a la Corte-IDH los casos de Ángel Gahona y Santos Flores
Santos Flores y Ángel Gahona.
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Despacho 505
  • octubre 03, 2024
  • 10:28 AM

El asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona López y la muerte del preso político Santos Sebastián Flores Castillo, fueron denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala como responsable de estas muertes al Estado de Nicaragua.

Gahona fue asesinado de un disparo mientras daba cobertura a un enfrentamiento entre manifestantes y policías en la ciudad de Bluefields en el contexto de la Rebelión de Abril, en el año 2018. Santos Flores, era un abogado y notario que fue encarcelado por denunciar al dictador Daniel Ortega de abusar de su hermana de 15 años, con quien habría procreado una hija. 

La CIDH infirmó que elevó el caso de Santos Flores a la Corte-IDH “debido a los actos de tortura” infligidos contra él y su posterior fallecimiento mientras se encontraba privado de libertad.

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Luego de esta denuncia el abogado y su familia “sufrieron persecución del Estado”, hasta que en 2013 fue condenado a 15 años de prisión por un delito que según la CIDH “se fabricó en represalia por sus denuncias”.

“Durante el encarcelamiento en el Sistema Penitenciario Nacional de Tipitapa, tanto Flores Castillo como su madre denunciaron torturas y condiciones inhumanas. El 8 de noviembre de 2021, murió en prisión por un supuesto infarto, aunque su familia alegó que presentaba lesiones, signos de tortura y desnutrición, por lo cual cuestionó la versión oficial de su muerte”, expone la CIDH.

Tanto el caso de Gahona como el del preso político Santos Flores fueron presentados en la Corte-IDH en julio pasado, pero fue hasta este octubre que la CIDH lo hizo público en su sitio web oficial.

Ángel Gahona, víctima de ejecución extrajudicial

El caso del periodista Ángel Gahona, elevado a la Corte-IDH el 4 de julio de este 2024, es denunciado  “por la ejecución extrajudicial por parte de agentes estatales, y la situación de impunidad en la que permanecen los hechos”.

El periodista fue impactado en la cabeza por un disparo el 21 de abril de 2018, durante un enfrentamiento entre manifestantes y la policía en Bluefields al cual le daba cobertura junto a otros colegas. Gahona fue auxiliado por algunos de los presentes, y según declaraciones de quienes presenciaron el hecho, la Policía Nacional no le brindó asistencia.

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Gahona fue llevado a un centro asistencial donde falleció poco tiempo después. Por su muerte el régimen responsabilizó y condenó a los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate, quienes posteriormente fueron liberados en 2019 bajo ley de amnistía.

“En su Informe de Fondo No. 37/23, la Comisión señaló que las pruebas indican que el disparo que causó la muerte del periodista provino de un agente estatal, y que este hecho estuvo vinculado a su labor periodística, ya que en el momento de su muerte estaba cubriendo en vivo protestas contra el Estado. También destacó que Gahona había recibido amenazas previas relacionadas con los temas de alta relevancia pública que investigaba”, se lee en el sitio web de la CIDH.

Reparación para las familias

La CIDH concluyó que “el Estado de Nicaragua es responsable” de la muerte de Santos Flores y Ángel Gahona, y ha recomendado la reparación a sus familias a través de compensación económica y medidas de satisfacción para aspectos materiales e inmateriales, apoyo psicológico y una investigación exhaustiva y efectiva, que cumpla con los estándares internacionales de debida diligencia, para perseguir y sancionar a los responsables.

Desde hace tres años Nicaragua no acude a las sesiones de la Corte-IDH y tampoco responde a las demandas que tienen que ver con los presos políticos, pese a estar obligada a acatar los fallos por ser firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su última participación fue en agosto de 2021, por lo que en noviembre de 2022 esa instancia la declaró en desacato permanente.

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