La dictadura y las mineras lucran con invasiones de colonos en tierras indígenas

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y las empresas mineras de capital transnacional son las principales beneficiadas, económicamente hablando, de que los colonos invadan y destruyan los territorios indígenas abundantes en recursos naturales, revela un informe del organismo International Land Coalition (ILC), que en América Latina trabaja para que se logre una buena "gobernanza" de la tierra.

En los últimos 15 años, en los que se han intensificado las invasiones de tierras en el Caribe del país, cientos de indígenas han muerto masacrados por los colonos y otros, que han denunciado las barbaries y crímenes de estos usurpadores, han sido encarcelados por el régimen.

El último líder indígena en sufrir cárcel es el también asesor presidencial para asuntos indígenas, Steadman Fagot, a quien la dictadura no dudó en secuestrar dos días después que denunció lo que llamó una "devastación" y una "desertización" de las tierras indígenas, incluidas reservas de biósfera a manos de colonos que están "armados hasta los dientes" con armas "pesadas" de guerra con el "consentimiento" de la Policía y el Ejército.

"Devastación indiscriminada de nuestras tierras indígenas, vendidas cómo pan caliente a los que son geófagos y esto ha ido in crescendo, tanto que a algunos territorios ya los han desertizado. Las fotografías de esas aéreas hablan por sí solas, cualquier territorio que colindan con Bosawas, al que le están entrando día y noche, las fotografías aéreas demuestran hasta 15 motosierras con grandes focos instalados", denunció Fagot el pasado 12 de septiembre.

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Dos días después fue detenido por el Ejército, entregado a la Policía y acusado de supuestos nexos con el narcotráfico y el crimen organizado. La dictadura también lo señaló de intentar robar armas del ejército en complicidad con narcos hondureños.

El involucramiento de las mineras

Al invadir las tierras indígenas, determina el estudio, que se suscribe solo al territorio mayangna, los colonos van desplazando a los indígenas de sus tierras y les hacen perder sus áreas de agricultura, cacería y pesca. Los indígenas se ven forzados a recurrir a la minería artesanal como un medio de subsistencia.

La situación es aprovechada por las mineras que operan en el país con la venia de la dictadura, pues son quienes comprar "sin restricción alguna y sin ningún criterio de trazabilidad" el material que extraen los mineros artesanales que luego procesan para obtener el oro puro y sacarlo del país.

Los investigadores de ILC para América Latina y el Caribe entrevistaron a líderes indígenas y descubrieron que algunas empresas mineras están vinculadas con los colonos, porque los utilizan para desplazar a los indígenas y dejarlos en situación muy vulnerable.

Por ejemplo, en agosto de 2021, mientras un grupo de casi 40 mineras y mineros artesanales, mayoritariamente mayangnas y miskitos, se encontraba trabajando en el cerro minero Kiwakumbaih fueron atacados por un grupo armado de colonos mestizos, quienes los masacraron, resultando más de 30 indígenas fallecidos.

Un defensor de derechos humanos mayangna explicó a los investigadores:

“Me movilicé a la zona cuando ocurrió la masacre para documentar la situación y preparar la denuncia. El día siguiente de la masacre llegó a la comunidad un hombre que los comunitarios identificaron como el “gerente de Hemco”, acompañado de la policía, que dijo que llegaban a dar solidaridad y que estaban a la orden de las comunidades. Nosotros lo vimos como raro, que justo se apareciera alguien de la empresa el día siguiente y acompañado de la policía, cuando ni las autoridades regionales dijeron nada. Por eso, creemos que las bandas delincuenciales están asociadas con ellos”.

Además de la Hemco, una filial del Grupo Mineros establecido en Colombia y que cotiza en la bolsa de valores de Totronto, Canadá, según el informe, en el Caribe de Nicaragua también opera otra mineras extranjera autorizadas por la dictadura, la Calibre Mining, empresa canadiente que también cotiza en Toronto y que ha advertido que actualmente no extrae en territorios indígenas.

Sin embargo, el informe señala que la Calibre Mining dirige sus consultas a las autoridades mestizas de los gobiernos municipales y no a las autoridades indígenas, y aun si la empresa no ha iniciado extracción de oro hasta la fecha, "eso no elimina la presión que las concesiones de exploración representan para las poblaciones locales".

La dictadura Ortega Murillo permisiva con la minería

La investigación de ILC señala que ningún gobierno, de los que se instalaron en Nicaragua desde 1990, se salva de ser recriminado por implementar políticas neoliberales, especialmente por liberar el comercio internacional "mediante la provisión de préstamos a compradores extranjeros".

Un total de 14 leyes y decretos se aprobaron entre 1990 y 2018 para facilitar y promover la actividad minera en el país.

Sin embargo, es el régimen de Daniel Ortega el que más ha incrementado el valor de las exportaciones, "aumento que está directamente relacionado con el volumen de oro extraído", señalan los investigadores.

Desde el año 2012, según se deduce de su Plan de Desarrollo Humano, Ortega estableció una política de fomento de la minería, para lo cual también creó luego una secretaria para atraer inversión extranjera, llamada ProNicaragua. Y, en 2017, aumentó la participación del Estado en el negocio de la minería a través de la creación de la estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).

A ello se le suma que la dictadura le otorga beneficios fiscales y legales a las empresas mineras.

Las ganancias de la dictadura

Con su política de promover la minería, la dictadura ha logrado aumentar en un 74.69 por ciento las concesiones mineras, entre 2007 y 2020, mientras que el volumen de producción de oro se ha incrementado en más del 500 por ciento, pues pasó de 99.400 onzas troy en 2006 a 525,600 onzas en 2022, según estadísticas del Banco Central.

La dictadura ha convertido a Nicaragua en el principal extractor de oro de Centroamérica desde 2012 y ha hecho de ese mineral el principal producto de exportación del país, pues sus exportaciones en 2023 fueron cercanas a los mil millones de dólares.

Mientras tanto, el Ministerio de Energía y Minas reportó en 2021 que la superficie concesionada para minería metálica en Nicaragua era en ese momento de 9,237 kilómetros cuadrados, lo que representa el 7.08 por ciento de la superficie total del territorio nacional.