La PGR declara de utilidad pública terrenos con 12 aeródromos

Las áreas están ubicadas en Chinandega, Boaco, León, Chontales, Matagalpa, Río San Juan y Granada y la justificación del régimen es "fortalecer la seguridad nacional".

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Un aeródromo en Río San Juan.
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  • septiembre 10, 2024
  • 09:09 AM

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo declaró de utilidad pública 12 terrenos donde existen aeródromos, incluyendo los bienes anexos a los mismos, que son necesarios para su funcionamiento, según el acuerdo administrativo de la Procuraduría General de la República (PGR), publicado en La Gaceta, Diario Oficial de este martes 10 de septiembre.

Las áreas afectadas están ubicadas la comarca San Juan de la Penca, en el municipio de Chinandega, en la comarca El Guanacastal, del municipio de Chichigalpa, así como en El Bálsamo, en El Viejo, todos en el departamento de Chinandega.

También en San Ildefonso Sur, en el municipio Larreynaga y en la comarca Las Mojarras, en el municipio El Jicaral, así como en la comarca Las Marías, en Telica, las tres en el departamento de León.

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Otros terrenos que fueron declarado de utilidad pública, son las comarcas El Carrizal, Miramontes, en el municipio San Lorenzo de Boaco; el barrio Walter Acevedo Bolaños de El Morrito, en Río San Juan, donde también se afectó una propiedad en la comarca El Vivero.

En Granada, en la comarca Las Delicias y, en Juigalpa, Chontales, en la comarca Hato Grande. Los terrenos declarados de utilidad pública están ubicados en los departamentos afectados son Boaco, León, Chontales, Matagalpa, Río San Juan y Granada.

La justificación del régimen

La justificación de la dictadura para realizar estas declaraciones de utilidad pública es para "fortalecer la seguridad nacional".

Según la Ley de Aeronáutica Civil, se puede declarar "de utilidad pública y de interés nacional los bienes inmuebles necesarios para el establecimiento de aeródromos públicos y militares y para la instalación de equipos de ayuda y protección a la navegación aérea y de comunicaciones aeronáuticas.

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El acuerdo administrativo deja claro que los dueños de estas propiedades deben permitir realizar trabajos preliminares en los terrenos expropiados.

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