El régimen quita nacionalidad y confisca a los 135 presos políticos desterrados

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le arrebató la nacionalidad y ordenó la confiscación de los bienes de los 135 excarcelados políticos que fueron expulsados a Guatemala el pasado jueves 5 de septiembre.

La orden de Ortega se hizo efectiva mediante una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua, que ha hecho circular en los medios oficialistas.

El TAM justifica la desnacionalización y la confiscación de los bienes de estos nicaragüenses con la reformada Constitución Política, Código Penal y las cuestionadas leyes 1055 (Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz) y la 145 (Ley Especial que regula la pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense).

Según la nota de prensa que ha hecho circular la CSJ, estas 135 personas habían sido “condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional”.

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Confiscan bienes

Al mismo tiempo el TAM ordenó el “decomiso de todos los bienes de los condenados”, con los que según ellos, van a responder  “por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos, ocasionaron a la población y al país; con lo cual, se hace justicia efectiva, a las víctimas de estos delitos”.

Señalan que con estas confiscaciones confirman el “compromiso y deber jurídico constitucional de ‘exigir responsabilidades a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos reprobables actos delictivos’ contra la población”.

La nota de prensa está fechada el lunes 9 de septiembre pero fue dada a conocer hasta este martes 10 por la CSJ, en medio del hermetismo sobre la lista oficial de los desterrados, pues desde el día del destierro la dictadura no se había pronunciado al respecto, a diferencia de los cinco anteriores en los que casi de inmediato anunciaron el arrebato de la nacionalidad y confiscaciones.