Los 135 excarcelados políticos tienen 90 días para decidir quedarse en Guatemala o irse a Estados Unidos

Los 135 nicaragüenses que fueron excarcelados y desterrados por la dictadura Ortega-Murillo, este jueves, tendrán “una estadía temporal” de 90 días para decidir quedarse en Guatemala o realizar trámites para irse a Estados Unidos a través de mecanismos legales como el refugio.

El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, explicó en una conferencia de prensa ofrecida esta tarde, que el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) “les concedió 90 días para que su estadía esté totalmente regularizada”.

“Estos 135 nicaragüenses no tenemos un escenario claro, lo vamos a ir estableciendo en los siguientes días, pero las posibilidades están abiertas a que deseen quedarse en territorio guatemalteco, a que haga las gestiones que corresponden ante los Estados Unidos”, sostuvo el canciller guatemalteco.

Por su parte, el subsecretario adjunto de la Oficina del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Eric Jacobstein, refirió que estos excarcelados tendrán la oportunidad de “solicitar vías legales para reconstruir sus vidas fuera de Nicaragua, incluyendo en los Estados Unidos”, entre ellas el procedimiento acelerado de refugiados.

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“Estamos en contacto con otros países en la región y en otras partes del mundo para facilitar un buen futuro para todas esas personas”, aseguró Jacobstein.

Valorados por médicos

Durante su estancia en Guatemala, los excarcelados serán proveídos de “alimento, alojamiento, asistencia médica, incluido el apoyo psicológico, para que puedan libremente reconstruir sus vidas”, afirmó el secretario de comunicación social de la presidencia de Guatemala, Santiago Palomo.

Este apoyo vendrá de las acciones conjuntas entre el gobierno de Estados Unidos y Guatemala, así como de organizaciones y socios humanitarios, como del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM).

Entre los 135 excarcelados políticos se encuentran 13 personas afiliadas a la organización religiosa Puerta de la Montaña, así como laicos católicos, estudiantes, periodistas, defensores de los derechos humanos, campesinos y otros, pero hasta ahora las autoridades de los países involucrados no ha querido brindar sus nombres “por cuestiones de seguridad y de ciertas restricciones legales”, ni siquiera el régimen Ortega-Murillo se ha referido al respecto.