La Asamblea Orteguista aprueba leyes para juzgar en ausencia, confiscar propiedades y controlar remesas

Los diputados de la Asamblea Orteguista aprobaron este martes dos leyes con las que el régimen pretenden juzgar en ausencia a nicaragüenses y extranjeros, confiscar propiedades a discresión y controlar más las remesas.

Los operadores de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Muillo aprobaron con la mayoría de 91 votos la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Con los cambios a la legislación, Ortega le da la potestad a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)  de “establecer normas” para obtener información sobre originadores y beneficiarios de transferencias electrónicas, remesas y proveedores de servicios de activos virtuales.

La diputada sandinista María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del Parlamento, justificó las nuevas disposiciones con el supuesto compromiso del régimen con la lucha contra el crimen organizado, lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Según ella, buscan “proteger la seguridad, la paz jurídica de la sociedad nicaragüense y la integridad del sistema financiero y de la economía nacional”.

Con esta nueva ley, la UAF podrá obtener información sobre las remesas, ordenar la inmovilización de los fondos y reportar a emisores o receptores a la Policía Orteguista y a la Fiscalía, lo que se traduce en un mayor control, algo que resulta “inverosímil” para el analista político y exdiplomático nicaragüense José Dávila Membreño.

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“Inverosímil la decisión de la dictadura de controlar absolutamente todo. Ahora quiere controlar las remesas que es un acto privado entre un ciudadano que está en otro país y su familia en Nicaragua. Es otro nuevo estilo de represión… El control ya se volvió más allá de la locura, el régimen sigue insistiendo en terminar con todo el país, con todo lo que existe de libertad”, dijo a DESPACHO 505 el también economista.

Confiscar es “justo y necesario”

La segunda ley aprobada por el diputados orteguistas fue la Ley de Reforma a la Ley No. 41, Código Penal (No. 641), con 88 votos a favor, cero en contra, cero abstención y 3 presentes. El régimen podrá ahora imponer hasta 30 años de cárcel a exiliados que pidan sanciones para la dictadura.

La legislación diseñada por Ortega permitirá enjuiciar y condenar a personas naturales y jurídicas, sean nicaragüenses o extranjeros que vivan fuera del país, además se podrán confiscar sus bienes.

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Precisamente sobre la confiscación de bienes, el diputado sandinista Edwin Castro dijo en el plenario que el “decomiso” es justo y necesario cuando se daña a la sociedad nicaragüense.

“Una persona condenada por lavado de dinero, por narcotráfico, por crimen organizado con esta reforma le estamos autorizando a los judiciales a resarcir a la sociedad por el delito cometido y creo que justo y necesario, que es importantísimo y además no podemos cometer un delito de trata de personas o una actividad de lavado dinero sólo pueden tocarme lo que estuvo involucrado y los otros 50 millones que tengo aplicado en acciones en determinada empresa no me lo pueden tocar. ¡Señor si se puede! y lo que estamos haciendo es justo”, reiteró.

Los opositores y defensores de derechos humanos han denunciado que estas nuevas medidas adoptadas en esta ley son “descabelladas”, “absurdas”, “draconianas” y tienen múltiples consecuencias negativas para la ciudadanía y de retroceso en los avances que se habían logrado en materia penal en el país.