Naciones Unidas ve en las elecciones de 2026 una solución a las crisis de Nicaragua

La Oficina  del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, expresó este martes su preocupación por las continuas violaciones a los derechos humanos y la erosión de los espacios cívicos y democráticos en Nicaragua. Para el máximo funcionario de esta organismo de  Naciones Unidad, el país vive una crisis multifacética que requiere un cambio "urgente" con miras a las próximas presidenciales. 

En un comunicado, a propósito de un nuevo informe sobre las crisis que vive Nicaragua, Türk denunció la forma en que el ejercicio de los derechos civiles y políticos fundamentales se está volviendo cada vez más difícil. En ese sentido, considera que las elecciones de 2026 “ofrecen una nueva oportunidad” para llevar a cabo estos cambios y que es “crucial” para que los nicaragüenses puedan decidir con seguridad y libertad el futuro de su país.

Türk instó al Gobierno a liberar inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente, garantizar juicios justos y el debido proceso para las personas acusadas, y un retorno seguro y voluntario para las personas exiliadas. También pidió que se pusiera fin a los actos de tortura y malos tratos, que los perpetradores rindan cuentas, que cesen todas las formas de persecución y que se restablezca la personalidad jurídica que tenían anteriormente las organizaciones de la sociedad civil y los partidos de la oposición.

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Situación “se ha deteriorado gravemente”

El informe publicado por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos destaca que en Nicaragua la situación “se ha deteriorado gravemente” desde el año pasado, en el que han reportado un aumento de los casos de detenciones arbitrarias, intimidación de opositores, malos tratos bajo custodia y ataques contra pueblos indígenas. “La persecución de los opositores al Gobierno o de quienes son percibidos como voces disidentes se ha ampliado e intensificado progresivamente”, se lee en el informe.

El agencia de la ONU plantea además  que continúa la persecución de parte del régimen “no sólo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control”. Entre estas están quienes defienden los derechos humanos, medios de comunicación independientes, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra entidad “que abogue por cambios sociales o políticos sin supervisión gubernamental”.

En el documento también hacen referencia a la nueva reforma al Código Penal, en la que la justicia al servicio del dictador Daniel Ortega impone hasta 30 años de cárcel para exiliados que pidan sanciones. Con estos cambios pueden enjuiciar, condenar y confiscar por "traición a la patria" a nicaragüenses que no se encuentren dentro del país.

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Según OACNUDH las reformas legislativas ordenadas por Ortega  “generan nuevas preocupaciones de que leyes tan amplias sean también utilizadas para presionar e intimidar aún más personas nicaragüenses exiliadas y extranjeras por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión, y otros derechos”.

Insta a liberar a los presos políticos

El informe está basado en 120 entrevistas, principalmente de víctimas y testigos de violaciones de los derechos humanos; así como reuniones con representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Además toma en cuenta el análisis de documentos gubernamentales y de oenegés. El periodo en estudio fue de 12 meses a partir del 14 de junio de 2023.

Entre las agresiones a derechos humanos rescatadas en el informe se incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones a los derechos de la libertad de expresión, asociación y reunión. OACNUDH contabiliza en este informe 131 presos políticos hasta mayo de este 2024, lo que representa “un marcado aumento en comparación con las 54 personas de junio del año pasado”. La cifra alcanzó las 141 “detenciones arbitrarias”, tras sumar otras 10 en los dos meses siguientes.

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Asimismo documentan 12 casos de tortura y malos tratos en las detenciones, dos asesinatos perpetrados por colonos en los pueblos indígenas y afrodescendientes en las regiones autónomas de la Costa Caribe, cancelaciones de oenegé y restricciones a la libertad religiosa. “Al menos 27 sacerdotes y seminaristas católicos fueron detenidos arbitrariamente entre octubre de 2023 y enero de 2024. Un grupo de 31 clérigos fueron expulsados del país tras permanecer detenidos durante varios períodos”, destaca el informe.