Los despidos anunciados por el régimen llegan a la UNA

Los trabajadores de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua (UNA) viven momentos de zozobra por los primeros 18 despidos que forman parte de la medida de compactación del Estado, impulsada por el régimen de Daniel Ortega. La UNA argumenta que la cancelación de contratos es para ahorrar recursos.

Según fuentes de la casa de estudios superiores y el Consejo Nacional de Universidades (CNU), el número de despidos podría aumentar en las próximas horas. “La UNA  abrió sus puertas a la ola de despidos  la semana pasada, tras la llegada  del nuevo rector de la  universidad,  Bosco  Castillo Cruz,  nombrado  en ese cargo el 9 de agosto, en sustitución de Alberto  Sediles Jaén”, confió una fuente a este medio. 

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El funcionario del CNU aseguró  que  hasta  el momento la mayoría de los despidos  son docentes  y en menor escala empleados de áreas  administrativas y personal de la Dirección de Ciencias Ambientales y Cambio Climático. Agregó que el plan de  compactación  contempla cancelar  los contratos de trabajo de al menos 70 empleados  y que los recortes se harán efectivos  paulatinamente en las siguientes semanas. 

“Los trabajadores  llegan a la universidad  con el temor de  que  los llamen  para entregarles  sus cartas de  despido. Es un ambiente  de  zozobra y los estudiantes están inconformes con lo que está ocurriendo”, dijo un empleado de la UNA. Lo que vive la UNA es parte de la ejecución de una medida del régimen para reducir los puestos públicos y que es disfrazada como una reestructuración.  

El recorte de  personal  se ha  extendido hasta las universidades públicas empezando con la Casimiro  Sotelo, que opera en las instalaciones confiscadas  a la Universidad Centroamérica UCA.  La Universidad  Nacional Autónoma de Nicaragua  (UNAN) también contempla aplicar un despido masivo de su personal. 

Desde la llegada al poder de Ortega en 2007, la cantidad de empleados públicos en Nicaragua se cuadriplicó en los últimos tres periodos consecutivos, pero por primera vez en 17 años, el régimen ha anunciado una reducción en la planilla estatal que mantiene en vilo a miles de funcionarios. 

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Cuando Ortega llegó al poder en el 2007, en Nicaragua había unos 40 mil empleados públicos y al día de hoy más de 160 mil. El régimen ha convertido el servicio público en una herramienta de premio o castigo para los suyos, las contrataciones han seguido lineamientos políticos y el Estado, que paga sueldos con el dinero de todos los contribuyentes, se ha convertido en el principal empleador del país.