Organismo urge a Estados de la ONU que exijan a Ortega investigar crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más urgió a los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que exijan a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la derogación de las leyes que criminaliza los derechos humanos y que investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los ciudadanos nicaragüenses que participaron en las protestas del año 2018.

Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, solicitó a los Estados miembros de la ONU, que también se restituyan los bienes y activos confiscados a las más de 5,400 organizaciones arbitrariamente canceladas desde 2018”.

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Durante su intervención, el abogado, también abogó por “proteger la libertad de religión, garantizando el derecho a participar en actividades religiosas sin criminalización y respetar y proteger a todos los defensores de derechos humanos, incluidos artistas, asegurando su derecho a permanecer en el país o facilitar su retorno”.

La solicitud del organismo defensor de derechos humanos que trabaja desde el exilio, llega días antes que Nicaragua sea evaluada en el cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza.

El EPU es una revisión periódica del historial de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU. En su más reciente asistencia, Nicaragua recibió 26 recomendaciones sobre derecho de asociación y religión, de las cuales solo 5 fueron aceptadas por el Estado, que justificó el rechazo de las demás por "falta de fundamento y distorsión a la realidad".

Denuncian destierros y cierres de oenegés

Marenco denunció el destierro arbitrario del que fueron víctima 222 presos políticos el nueve de febrero de 2023, cuando la dictadura los excarceló, los despojó de la nacionalidad y los envió a Washington, después de confiscar sus propiedades.

“Daniel Ortega y Rosario Murillo desterraron en febrero de 2023 a 222 nicaragüenses a quienes inmediatamente desnacionalizaron y confiscaron sus bienes. Luego fueron otras 94 personas las desnacionalizadas. Además, ha impedido el ingreso de cientos de nicaragüenses dejándolos en apatridia de facto”, denunció Salvador.

En su exposición, Marenco dijo que, en su informe nacional, la dictadura afirmó que respetaba el derecho de asociación, alegando la existencia de al menos 7,227 organizaciones en 2019. Sin embargo, desde entonces, se han promulgado al menos 17 leyes que han menoscabado este derecho, resultando en la cancelación arbitraria de más de 5,400 organizaciones.

El abogado denunció que el régimen de Daniel Ortega, desde la Asamblea Nacional, ha aprobado leyes para aniquilar el derecho de organización y asociación de los nicaragüenses, con la cancelación de las organizaciones no gubernamentales.

“La Ley 976 y 977, aprobadas en 2018, resultaron en la disolución de las primeras nueve organizaciones, acusándolas de financiar un supuesto golpe de Estado y terrorismo, además de criminalizar a sus defensores. En 2020, con la Ley 1040 y su reglamento, se limitaron los derechos políticos de quienes recibían financiamiento del extranjero, aumentando la supervisión y las posibles multas de hasta medio millón de dólares, lo que llevó al cierre de varias entidades, incluida la Fundación Violeta Barrios de Chamorro”, apuntó.

El año 2022 marcó un incremento en las cancelaciones, con 3,138 organizaciones disueltas, en gran parte debido a la promulgación de las Leyes 1115 y 1127, que otorgaron al Ministerio de Gobernación la facultad de cancelar la personalidad jurídica de organizaciones y confiscar sus bienes.

El 19 de agosto de este año, la dictadura a través del Ministerio del Interior, en un solo día, cerró y confiscó 1,500 organizaciones de la sociedad civil.

Libertad religiosa en deterioro

El defensor Salvador Marenco, incluyó en su denuncia, la persecución religiosa en Nicaragua que ha acabado con el encarcelamiento y destierro a Roma de más de 50 sacerdotes, quienes primeramente fueron encarcelados por la dictadura.

“La libertad religiosa ha sido otro derecho severamente vulnerado. Se han documentado discursos estigmatizantes, agresiones y persecuciones a religiosos, así como cierres de organizaciones y medios de comunicación relacionados con la iglesia. Desde junio de 2022 hasta febrero de 2024, al menos 65 personas religiosas han sido procesadas”, señaló.

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El defensor también denunció que la persecución religiosa se está extendiendo hacia los laicos, quienes han sido apresados por participar de actividades religiosas en el país. También denunció la detención del periodista Victor Ticay Ruiz, por dar cobertura a una procesión en el municipio de Nandaime, durante la Semana Santa del año 2022.

“Al menos 13 personas continúan detenidas tras participar en actividades religiosas. Incluso, el periodista Víctor Ticay tiene más de un año en la cárcel solo por transmitir a través de Facebook un evento católico”, detalló.

Adicionalmente, en 2023, 22 religiosos fueron "desnacionalizados" y considerados "traidores de la patria" y se ha restringido el ingreso de al menos 200 personas religiosas al país.

“La situación en Nicaragua pone en evidencia la deteriorada realidad de los derechos humanos en el país, haciendo urgente y necesario el acompañamiento y la presión internacional para restaurar la libertad, la democracia y la justicia”, finalizó Salvador Marenco.

ONU ha identificado los patrones criminales

El dos de marzo de 2023, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre  Nicaragua, brindó un informe en donde señalan que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cometido crímenes de lesa humanidad en contra de los nicaragüenses.

Los abusos planteados en el informe incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.

En el documento, el Grupo de Expertos señaló que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no son un fenómeno aislado, sino producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático.

“Estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, dijo en marzo de ese año Juan Simon, experto independiente.

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El informe identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía y grupos paramilitares que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. El régimen obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes.