El régimen es cómplice del femicidio en el Hospital Militar, la víctima denunció a su verdugo, pero lo dejaron libre

Geovanny Alexander Fonseca Mendieta había amenazado de muerte a Erika Martínez en más de una ocasión y dio claras señales de que tarde o temprano lo cumpliría. La Policía y la Justicia nicaragüenses tuvieron la oportunidad de evitar el crimen pero menospreciaron la denuncia de la víctima y lo dejaron en libertad.

El femicidio contra Martínez cometido el 21 de agosto dentro de la capilla del Hospital Militar Alejando Dávila Bolaños de Managua, es un claro ejemplo de la inoperancia y negligencia de las autoridades nicaragüenses frente a la violencia machista, coinciden feministas que llevan años cuestionando la falta de garantías de protección a las víctimas, pues ni la denuncia las pone a salvo de sus verdugos.

A Ericka Martínez, Geovanny Alexander Fnseca Mendieta la maltrató verban y físicamente, relatan personas que vivieron de cerca su relación de pareja. Cuentan que la violencia que ejercía sobre ella comenzó a ser más evidente a medidos del año pasado cuando empezó a prohibirle que se relacionara con algunas personas, le exigió la contraseña de su celular y la vigilaba en su trabajo.

El 31 de diciembre de ese mismo año, tuvo un altercado con el papá de su entonces pareja, a los dos los amenazó con una bayoneta, luego que Erika se interpusiera para evitar una tragedia.

Posteriormente, en febrero de este 2024, Fonseca discutió con Erika por que no le respondía las llamadas y le exigió sostener relaciones sexuales, ante la negativa, la agredió verbal y físicamente, y la volvió a amenazar con la bayoneta. Por estas agresiones enfrentó un proceso judicial a cargo de la jueza Henryette Casco Batres, del Juzgado Quinto Especializado en Violencia.

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Liberado hace cinco meses

Fonseca Mendieta admitió los hechos y se declaró culpable, por esto fue beneficiado, hace cinco meses, con la suspensión condicional de la persecución penal y obtuvo la libertad mediante una orden girada por la jueza Henryette K. Casco Batres del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Violencia de Managua. 

“La orden de libertad se motiva en virtud de que las partes aplicaron principio de oportunidad de suspensión condicional de la persecución penal”, se lee en la orden con fecha del 7 de marzo de este año, en el portal web del Poder Judicial.

Para poder gozar de la libertad, al agresor se le impuso un régimen de prueba de ocho meses que concluiría en noviembre de este 2024 y como condiciones, debía asistir a terapia, abandonar inmediatamente la vivienda de Erika y tenía prohibido comunicarse con ella; sin embargo, incumplió las disposiciones emanadas por la juez y cometió el crimen en el Hospital Militar.

La socióloga y feminista María Teresa Blandón cuestiona el que Geovanny Fonseca, a quien define como “un peligro para la sociedad”, haya sido liberado después de haber agredido en varias ocasiones a Erika. Señala al Estado de Nicaragua de ser “cómplice” por acción y omisión ante este tipo de casos de femicidio en los que ya había antecedentes de violencia.

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“De eso estamos hablando las feministas cuando hablamos de impunidad y cuando denunciamos que el Estado es cómplice por acción y por omisión, es cómplice de la violencia contra las mujeres, pero también de otro tipo de violencia, porque dentro de esos más de 30,000 presos comunes que ha amnistíado la dictadura Ortega-Murillo durante los últimos seis años, pues sabemos que hay hombres que han cometido delito graves”, sostiene Blandón.

No existe política de prevención

Según la socióloga, el régimen no tiene una política de prevención que incluya medidas educativas, de protección a las víctimas y campañas de sensibilización, tampoco algún tipo de reeducación a los agresores.

“Sacan a tipos como Giovanni que durante su periodo de libertad, pues ya tenía toda las intenciones de asesinar a Erika porque ya la había amenazado, ya la había acosado, eso se sabía”, cuestiona Blandón.

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La feminista critica la falta de protocolos para este tipo de casos en un hospital como el Militar. “No puede ser que hayan asesinado a esta mujer en la cara de los militares”, cuestiona.

“Es inconcebible que un hospital de esa naturaleza, un hospital público, no tenga protocolos de seguridad, ¿cómo este hombre pasó con una bayoneta y nadie lo revisó?, ¿cómo es posible que no lo redujeran?, ¿por qué no es él el que se tenía que morir? o ¿por qué no quisieron hacer eso?, o sea, porque lo que hicieron fue no actuar con la diligencia debida porque si no Erika no estaría muerta”, siguen los cuestionamientos de la feminista.

Casos como el de Erika Martínez, que se suma a una lista de 42 femicidios en Nicaragua en lo que va del año, confirman que “la dictadura Ortega-Murillo no tiene un compromiso con los derechos humanos y particularmente con los derechos de las mujeres y de la niñez”, apunta Blandón, quien junto a grupos feministas siguen demandando políticas integrales de atención a la problemática de la violencia contra las mujeres.