Ortega ordena crear una empresa para dragar el río San Juan

El dictador Daniel Ortega ordenó crear una empresa que se encargará del dragado del río San Juan,  según una reforma al Decreto Creador de la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan publicada este viernes en el diario oficial La Gaceta.

La orden del dictador de da un mes después de que anunciara labores de limpieza en el río, sin que se sepa hasta ahora ningún avance sobre las mismas.

La reforma  al Decreto Presidencial Nº. 11-2024 modifica el artículo 1 para quitarle la función de “dragado” a la Comisión creada en abril de 2008, pero le mantiene la potestad de realizar estudios sobre turismo, muelles, ecología y promoción de la pesca artesanal; así como el mejoramiento total de la zona “con el fin de coordinar la aplicación de políticas, planes y acciones ambientales y de desarrollo para su protección y conservación”.

El artículo 2 de la reforma establece que “las funciones de dragado que ejercía la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan serán trasladadas a una empresa propiedad del Estado que será creada para tal fin”.

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En la reforma el dictador no especifica cuándo será creada la nueva empresa ni quienes estarán a su cargo.

Hasta ahora, la Comisión ha estado conformada por la Empresa Portuaria Nacional (EPN), el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), Instituto Nicaragüense de la Pesca (Inpesca, Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena), Autoridad Nacional del Agua (ANA), los alcaldes y representantes de los concejos de los municipios ribereños con el río San Juan, todos ellos coordinados por un delegado del Presidente de la República.

Dragado originó una demanda que Nicaragua perdió

El régimen ha ordenado en varias ocasiones labores de dragado en el Río San Juan, una de estas estuvo a cargo del fallecido exguerrillero Edén Pastora.

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En 2010, el dragado dirigido por Pastora ocasionó daños ambientales en humedales costarricenses. Por esa  razón el Gobierno de ese país presentó una demanda contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, Países Bajos, que concluyó con una sentencia que ordenó el pago de una indemnización que alcanzó los 378,890 dólares.

El pasado 24 de julio, el régimen ordenó nuevamente labores de dragado en el río, esta vez a cargo de Olympia Avellaneda Torrez, que funge como delegada de la Presidencia en la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan. Esto despertó la atención del Gobierno costarricense ante posibles daños en su territorio como ocurrió en 2010.

El gobierno de Rodrigo Chaves envió a la Cancillería de Nicaragua una nota diplomática en la que señala que “reconoce el derecho de Nicaragua de realizar mejoras en el cauce del río San Juan a fin de mantener la navegación sobre éste fluida, siempre y cuando ello no dañe el territorio de Costa Rica o se afecten los derechos de Costa Rica”.