El régimen acaba con la libertad empresarial y ahuyenta la inversión en Nicaragua

La cancelación de 151 federaciones, asociaciones y cámaras empresariales, que el régimen llevó a cabo este 22 de agosto es otra movida temeraria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El efecto negativo trasciende al ya grave perjuicio causado al tejido de pequeñas, medianas y micro empresarios cuyas gremiales han sido aniquiladas: aisla más a Nicaragua, ahuyenta la inversión al constituir una violación a la libertad de empresarial, de asociación y hasta de la libertad económica de los nicaragüenses, orilla más al país a una posible suspensión del tratado de libre comercio con Estados Unidos, señalan analistas.

El economista Juan Sebastián Chamorro, quien fue presidente de la Cámara Nicaragüense de la Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne), una de las organizaciones canceladas, señala que estas cancelaciones son parte de la continuidad de una “ofensiva” que el régimen ha emprendido para “eliminar todo vestigio de organización de sociedad civil”.

“Es realmente lamentable ver desaparecer todas estas organizaciones, no me refiero solamente a estas 151 sino a todas las que han desaparecido… están eliminando prácticamente toda organización, independientemente del origen, por ejemplo, llama la atención la UNAG que es una organización que viene del sandinismo que fue muy fuerte, muy poderosa y que también fue volada de un plumazo desde un punto de vista económico”, comenta Chamorro.

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El exterminio de la gremialidad empresarial -valora el expresidente de Canicarne- sumerge al país en más aislamiento y ahuyenta a los inversionistas. Una apreciación en la que concuerda el economista Marco Aurelio Peña, quien señala que al deteriorarse la seguridad jurídica, hasta el inversionista nacional tomará decisiones drásticas como “sacar su dinero del país para protegerlo”.

Peña dice que, además de la libertad de asociación, el régimen comete un atropello en la libertad empresarial y la libertad económica de las personas. No duda que esta arremetida tendrá repercusiones en el mediano y largo plazo en la economía nacional.

“Esto tiene repercusiones sobre la economía nacional de manera directa y en el corto plazo no se va a ver reflejado en los niveles de producción o en el crecimiento económico que está haciendo sostenido por las exportaciones, y por el lado del consumo, las remesas monetarias están sosteniendo en un 30% el ingreso nacional, pero sí, esto tiene repercusiones en el mediano y en el largo plazo”, explica el economista.

Juan Sebastián Chamorro piensa que aunque los productores nicaragüenses podrían seguirse organizando de manera informal en la solución de sus problemas logísticos, de calidad, comercialización y acceso a los mercados, el cierre de estas organizaciones empresariales va a tener un impacto significativo y “difícil” al no haber formalidad.

“La cancelación de las 151 asociaciones productivas lo que va a trasladarse es en un costo hacia la población nicaragüense en forma de mayor desempleo, menores inversiones, menor crecimiento económico totalmente”, advierte Chamorro.

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Peligra la continuidad del DR-Cafta

Entre las organizaciones canceladas este jueves figura la Cámara Nicaragüense de la Plantas Exportadoras de Carne Bobina (Canicarne), la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (Canislac), la Federación de Transporte de Carga de Nicaragua (Fetracan), la Cámara Nicaragüense de Productores de Azúcar (CNPA), la Cámara de Comercio Americana en Nicaragua (Amcham), entre otras. Esta última fue considerada la segunda gremial más importante del país después del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

En el caso de Amcham representa los intereses de los inversionistas estadounidenses y la CNPA, al igual que la mayoría de las organizaciones canceladas, mantienen vínculos con Estados Unidos y la Unión Europea a través de los tratados de libre comercio DR-Cafta y el Acuerdo de Asociación, en los cuales se corre el peligro de suspensión a Nicaragua.

“Los mejores cooperantes que ha tenido Nicaragua ya se han ido y los que quedan, por ejemplo, muy preocupados por lo que ocurre en el país son Estados Unidos y Unión Europea. Con Estados Unidos está el Cafta y con la Unión Europea el acuerdo de asociación, corren peligro estos instrumentos suscritos por Nicaragua, lo peor que puede pasar con el DR-Cafta es que Nicaragua sea suspendida”, advierte Peña.

El economista resalta que “dos tercios de la oferta exportable Nicaragua es comprada por Estados Unidos y la Unión Europea”, lo que los convierte en los principales socios comerciales y cooperantes, y que por su importancia no pueden ser reemplazados por China, Rusia, Corea del Norte, Cuba o Venezuela. “Estos países tampoco son destinos de nuestro migrantes que buscan seguridad por razones políticas y mejores oportunidades económicas”, agrega.

La ilegalización masiva de las personerías jurídicas de orgnizaciones sin fines de lucro ligadas a asociaciones, federación y cámaras empresariales nacionales y departamentales se enmarca en una escalada en la operación de exterminio de oenegés que el régimen emprendió a raíz del estallido social que exigía un cambio de poder en Nicaragua. Setenta y dos horas antes, a través del Ministerio del Interior, ordenó la cancelación y confiscación de 1,500 organismos, la mitad vinculados a iglesias.

Con el cierre de estas organizaciones son al menos 5,351 las disueltas en el contexto desde el inicio de la crisis sociopolítica todavía sin resolver en Nicaragua.