¿Qué impacto tendrá el cierre de oenegés en Nicaragua?

La cancelación de las 1,500 organizaciones gubernamentales, tras la orden del Ministerio del Interior (Mint), traerá una serie de repercusiones cuyo impacto se evidenciará en el número de personas que quedarán en el desempleo, centenares de proyectos de apoyo a nicaragüenses en vulnerabilidad que tendrán que cesar, y la anulación de la participación y la auditoría social.

El ambientalista y presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz, señala que los primeros en los que tendrá un “impacto directo” la cancelación de estas organizaciones, es en sus miembros y la junta directiva, así como en los bienes que estas tenían, que ahora pasarán a manos del Estado, según lo establece el Acuerdo Ministerial número 38-2024-OSFL, publicado este lunes 19 de agosto, en La Gaceta.

Ruiz estima que entre 10,000 y 10,500 personas quedan sin empleo, sólo tomando en cuenta los miembros directos, de los cuales calcula unos 10 por cada organización, es decir, que el número crece de acuerdo a la cantidad de empleados que tenía para su funcionamiento.
 
“A eso le suma todos los acciones vinculadas a esa organización tanto de ayuda humanitaria como de programa de atención de jubilados, enfermos, que tenían mucho las iglesias o de ayuda comunitaria o de manejo de gestión del agua, por ejemplo, dentro de las cancelaciones están dos consejos de ancianos de los pueblos indígenas, entonces vos tenés un impacto a nivel territorial y a nivel comunitario importante más allá del impacto directo de los miembros y de la junta directiva”, expone el ambientalista.

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Comunidades indígenas más vulnerables

En cuanto a las organizaciones indígenas que fueron canceladas, el presidente de Fundación del Río indica que quedan en “mayor nivel de vulnerabilidad” y que tendrá un “grave impacto” porque son grupos sociales muy empobrecidos que requerían de la asistencia que el Estado no les provee.

“Lo que genera es una mayor nivel de vulnerabilidad, no solo por la capacidad que tienen las organizaciones de la gestión de recursos, sino porque desarrollaban programas y promovían el desarrollo de sus comunidades”, añade Ruiz.

Por su parte, el experto en temas de derechos humanos Uriel Pineda, indica que el cierre de estas organizaciones anula la participación y la auditoría social, que era el trabajo que realizaban estas oenegés para contribuir a la democracia.

“¿Cuál va a ser el impacto inmediato?, por ejemplo, no vamos a tener mediciones en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas, temas de pobreza, polos de desarrollo, entonces se van invisibilizar muchísimos temas que lograban visibilizar las organizaciones de sociedad civil”, sostiene Pineda.

Según estimaciones de organizaciones que monitorean la situación de la libertad de asociación en Nicaragua ya solo quedan en funcionamiento 2,400 oenegés de las 7,600 que había en el país antes de 2018, de estas 1,100 eran religiosas, de acuerdo con el recuento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).