El régimen busca controlar los fondos de las oenegés y sus proyectos

El anuncio de la vocera gubernamental y número dos del régimen Rosario Murillo de la “nueva forma de funcionamiento” de las organizaciones no gubernamentales que ahora se llamará “Alianzas para la Asociación” y a las que les elimina las exoneraciones fiscales, constituye una regresión democrática que desaparece la autonomía de estas oenegés y que busca controlar sus recursos, según analistas.

En una nota de prensa el régimen informó, el viernes 16 de agosto, que enviarían a la Asamblea Nacional tres reformas a igual número de leyes, una de estas es la modificación al artículo 32 de la Ley de Concertación Tributaria para eliminar la exención del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) a las oenegés en Nicaragua.

También ordena reformar la Ley de Agentes Extranjeros (Ley 1040) y la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (Ley 1115) para crear un nuevo concepto denominado “Alianza de Asociación” que obliga a las oenegés a pedir permiso y someterse al escrutinio del Ministerio del Interior y a la Cancillería para poder operar en Nicaragua.

Uriel Pineda, experto en temas de derechos humanos, explica que esto es “más que una regresión democrática” porque además de que el régimen anula la institucionalidad en el país, también lo hace con la participación y la auditoría social, que es lo que venían realizando las organizaciones de la sociedad civil, que son parte integral de la democracia.

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“Al no existir ninguna institución, lo único que queda es el activismo social desde la sociedad civil y por eso es que se vuelve estratégico para el régimen controlarlas y eliminarlas”, añade Pineda.

Según el experto, las organizaciones de la sociedad civil coadyuvan a la gobernanza y a la consolidación democrática de un país para hacerlo más justo, además de visibilizar problemáticas, por lo que al desaparecerlas “se invisibilizan” infinidad de problemas y “nos quedamos en el centro de lo que el régimen y la oposición visualicen”.

“¿Cuál va a ser el impacto inmediato?, por ejemplo, no vamos a tener mediciones en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas, temas de pobreza, polos de desarrollo, entonces se van invisibilizar muchísimos temas que lograban visibilizar las organizaciones de sociedad civil”, sostiene Pineda.

Control en las decisiones y fondos de las oenegés

El ambientalista y presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz, señala que estos nuevos lineamientos que el régimen ha planteado imponer a las oenegés que todavía tienen presencia en el país, implican “un control sobre las decisiones de los programas” y “una pérdida total ahora de la autonomía” de estas organizaciones.

“Ya había un control y una fiscalización sobre la operatividad o la vida orgánica de las organizaciones, lo que estamos viendo ahora es que prácticamente hay una intervención sobre los programas y proyectos que gestionan las organizaciones de sociedad civil y es una especie de intervención”, explica el ambientalista.

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Ruiz dice que a través de estas reformas a las tres leyes, el régimen “quiere los recursos que gestionan” las oenegés, controlar estos fondos y los proyectos que se lleven a cabo, “hacia dónde lo gestionan y con quién lo gestionan”. Agrega que habría que esperar la reacción de los donantes que aportan los recursos para ver si estarían dispuestos a seguir apoyando bajo estas circunstancias.

La activista y defensora de derechos humanos Haydée Castillo, concuerda con lo expuesto por Amaru Ruiz, y agrega que estas nuevas acciones del régimen forman parte una estrategia “para acaparar la cooperación internacional y usarla a su gusto y antojo”.

“En Nicaragua no hay ninguna condición para que la cooperación internacional tengan garantías de que sus recursos van a ser muy bien usados. En Nicaragua se aniquiló la participación ciudadana”, expone Castillo, quien no duda en señalar que esto se convertirá en “un negocio más como el de la migración, el terrorismo fiscal, entre otros medios de los que se vale la dictadura para sostener su tejido represivo y de terrorismo de Estado”.

Desde 2018 hasta la fecha el régimen ha cancelado unas 5,200 organizaciones no gubernamentales de las 7,600 que existían. Tras la masiva cancelación de 1,500 este lunes, las 2,400 oenegés que todavía operan en el país, se quedan en la zozobra a espera de una posible cancelación o tener que reestructurarse y adecuarse a las nuevas normativas y restricciones anunciadas por Rosario Murillo.