El régimen busca capitalizarse con recursos confiscados a oenegés

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha sumergido en una fase de “compactación” y reordenamiento del Estado, cuyo resultado es la barrida de centenares de trabajadores públicos y al mismo tiempo mantiene una feroz cacería contra las organizaciones no gubernamentales, a las que les confisca sus bienes.

El cierre masivo de oenegés, como ocurrió este lunes con 1.500 organizaciones, es una de las formas en las que el régimen busca capitalizarse con los recursos confiscados, señala el ambientalista y presidente de Fundación del Río Amaru Ruiz.

“Lo que ha precedido luego de las cancelaciones son las confiscaciones de los bienes y eso puede puede ser una manera que tiene el régimen para capitalizarse en términos de recursos y en términos de bienes, que ha sido la manera que ha que ha procedido en las anteriores cancelaciones”, explica Ruiz.

Antes de 2018, había unas 7.600 organizaciones no gubernamentales u organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en Nicaragua, de estas el régimen ha cancelado 5,200 en los últimos seis años, según recuentos independientes.

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Tras la masiva cancelación de este lunes, las 2.400 oenegés que todavía operan en el país se quedan en la zozobra a espera de una posible cancelación o tener que reestructurarse y adecuarse a las nuevas normativas anunciadas en los últimos días por la vocera gubernamental y número dos del régimen Rosario Murillo.

Miles de bienes en manos del régimen

Durante estos seis años de barrida contra las oenegés, el régimen se ha quedado con propiedades, edificios y otros bienes muebles e inmuebles, y hasta las cuentas bancarias de estas organizaciones. Hasta ahora no brinda detalles de lo que ha hecho con estos bienes y tampoco se puede cuantificar al 100 por ciento porque muchos miembros de estas organizaciones no han denunciado por temor a represalias.

El pasado 9 de agosto, el dictador Daniel Ortega donó 72 propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que habían sido confiscadas a nicaragüenses declarados apátridas y a las organizaciones no gubernamentales canceladas hasta ese entonces.

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En referencia a estas propiedades donadas al INSS, la exguerrillera Dora María Téllez explicó a DESPACHO 505 que esto se debe a que el régimen busca cómo salvar a la institución, precisamente por la “falta de dinero y recursos” en el Estado.

“En todos estos más de 15 años de administración del régimen Ortega-Murillo, la Seguridad Social no ha podido equilibrar la condición del INSS, cada vez va peor y el gobierno tiene que estarle pasando dinero al INSS”, expone la exguerrillera.

Una falta de recursos que, según Téllez, se desprende de menor inversión extranjera, pocas donaciones y falta de préstamos que obligan al régimen no solo a despedir personal sino a recuperar capital a través de la confiscación de propiedades.